La portavoz de Podemos considera que la tramitación de la ley es "un paripé" para aprobar un texto que "no cuenta con el apoyo de los afectados ni los trabajadores del sector" y denuncia que "se crearán cuellos de botella y listas de espera de manera deliberada"

Familias de niños y niñas usuarias de atención temprana y profesionales del sector se han concentrado en las puertas de la Asamblea Regional para protestar por la falta de diálogo a la hora de tramitar la ley que regulará este servicio público. A esta convocatoria se han sumado María Marín, portavoz regional de Podemos, y Ángel Luis Hernández, secretario de Organización, para apoyar las demandas de la Plataforma por la Atención Temprana. En estos momentos, la tramitación de la ley se encuentra en su recta final, sólo a falta de su aprobación el próximo 22 de diciembre en la Asamblea. Sin embargo, las familias y los profesionales rechazan de plano el nuevo texto y denuncian que la vicepresidenta Isabel Franco, a la sazón consejera de Política Social, ha llevado a cabo toda la tramitación de esta ley "de espaldas a las familias y a los profesionales de la atención temprana, que son quienes realmente están día a día con los menores que lo necesitan". Marín ha mostrado su "incomprensión absoluta" con el método seguido para la aprobación de la ley y ha recordado que "sólo la presión social de las asociaciones en la calle y de Podemos en la cámara autonómica ha hecho posible que no haya sido aún más opaco", ya que en un principio el Gobierno regional trató de sacarla adelante mediante lectura única, es decir, "a puerta cerrada, sin posibilidad de presentar enmiendas y sin dar audiencia a ningún colectivo".

La portavoz de Podemos ha considerado "inexplicable" esta actitud, a no ser que lo que se esté buscando "sea precisamente generar un problema que hoy día no existe en este servicio". La diputada ha advertido que se crearán cuellos de botella y listas de espera "con menores que necesitan una atención, como su propio nombre indica, temprana, es decir, inmediata". De hecho, Marín ha destacado que se burocratiza el proceso, "dificultando que las familias acaben recibiendo una cita de manera en un tiempo razonable", por lo que "todo aquel que pueda acabará acudiendo a consultas privadas para que su hijo o su hija reciba cuanto antes los cuidados que necesita de manera urgente". La diputada ha recordado que los profesionales aseguran que seis meses "pueden ser absolutamente definitorios en el desarrollo de las capacidades de un niño o una niña", y ha considerado que "los retrasos son injustificables".

La diputada ha concluido que estamos por tanto ante una privatización encubierta, a pesar de que el texto de la ley recoja la gratuidad y la universalidad del servicio. Frente a este intento de desmantelamiento, Podemos ha registrado en la cámara autonómica 44 enmiendas, todas ellas recogidas de las demandas y reivindicaciones de la Plataforma de Atención Temprana. Marín ha asegurado que, de aprobarse estas modificaciones, la Región de Murcia contaría con una ley que dotaría de los recursos necesarios a los profesionales, a los centros y a las familias. Sin embargo, para la portavoz de Podemos, el proceso de tramitación no es más que "un paripé" para finalmente aprobar, sólo con el voto del Partido Popular y los diputados tránsfugas, el texto que presentó en un inicio Isabel Franco, "sin introducir ni una sola de las propuestas procedentes de las asociaciones de usuarios y profesionales".