UGT considera necesario emprender reformas estructurales sobre el mercado energético, priorizando los intereses de los pequeños consumidores, además de proteger el poder adquisitivo de las rentas de la mayoría social trabajadora, generalizando cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva, actualizando prestaciones conforme al incremento medio anual de los precios y llevando el SMI hasta los 1.000 euros mensuales, a partir de enero de 2022.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en tasa interanual en la Región de Murcia se sitúa en el 5,3%, dos décimas por encima de la registrada en octubre y, también, dos décimas inferior la registrada a nivel nacional (5,5%). La variación mensual del índice general es del 0,5%, dos décimas superior a la estatal (0,3%).
Respecto al año pasado, Vivienda y Transporte, con subidas del 15,9% y del 15,5% respectivamente, determinadas a su vez por el aumento del precio de la electricidad y los carburantes y lubricantes, son los que registran incrementos más notables, si bien repuntan también Alimentos y bebidas no alcohólicas (3%), Ocio y Cultura (3%) y Hoteles, cafés y restaurantes (2,4%). Por su parte, Comunicaciones y Medicina que descienden un 0,4% y un 0,6% respectivamente, son los únicos grupos con registros negativos interanuales.
Respecto al mes pasado, el IPC aumentó en la Región un 0,5%, concentrándose los mayores incrementos intermensuales de los precios en Vestido y calzado (5,9%) y Transporte (1%). En el resto de grupos, los precios se han mantenido cercanos al 0% o incluso han registrado variaciones negativas, como es el caso de Vivienda (-2,1%) y Ocio y Cultura (-0,4%).
El análisis de estos datos nos lleva a concluir que los productos energéticos, hidrocarburos y electricidad en particular, tienen una notable relevancia en la evolución del IPC, toda vez que la inflación subyacente, que excluye el precio de éstos y los alimentos no elaborados, aunque aumenta tres décimas, se sigue manteniendo en niveles bastante moderados, anotando un 1,3% interanual.
Siendo estos productos los que han llevado al Índice de Precios al Consumo a registrar una variación anual del 5,5%, su tasa anual más alta desde septiembre de 1992, conviene tener en cuenta las causas que explican este comportamiento alcista, que tanto está afectando al presupuesto de los hogares y las pequeñas empresas. Y es que, descontado el efecto base que supone la comparativa con 2020, año en que se desplomó el precio de los productos energéticos como consecuencia de la caída de la demanda global y la aplicación de medidas restrictivas para tratar de contener la pandemia, debe apuntarse hacia un sistema de formación de precios muy necesitado de introducir reformas que mejoren la competencia en el sector energético, reduciendo la capacidad de captación de beneficios y rentas monopolísticas de los grandes operadores energéticos.
La repercusión directa de este incremento de precios la sufren principalmente las familias más vulnerables, que no pueden evitar hacer uso de productos que son esenciales, y contando, en consecuencia con menores recursos para otros también esenciales como los farmacéuticos o los alimentos, en los que por otra parte, también empieza a repercutirse el incremento de los costes energéticos.
Por todo ello, desde UGT, consideramos que, además de emprender reformas estructurales sobre el mercado energético, priorizando los intereses de los pequeños consumidores, es necesario proteger el poder adquisitivo de las rentas de la mayoría social trabajadora a través de la generalización de cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva y actualizando pensiones, prestaciones y SMI conforme al incremento medio anual de los precios.
En este sentido, consideramos urgente prever para 2022 una subida del SMI que alcance ya los 1.000 euros, que la patronal se siente a negociar un nuevo AENC que ayude a generalizar salarios mínimos en los convenios y que se avance en la negociación sobre la modernización de nuestro mercado laboral para recuperar la negociación colectiva de los bloqueos y desequilibrios generados por la reforma laboral de 2012. Sólo así podremos emprender una recuperación sólida y sostenible, que no se base, como las anteriores, en el empobrecimiento de las personas trabajadoras.