Se ha presentado una moción en la Asamblea Regional que discrimina claramente a las mujeres. Tres personas expulsadas de un partido de ultraderecha como VOX y apoyadas por otras tantas reaccionarias expulsadas de Ciudadanos y del propio Partido Popular, pretenden justificar con burdos ataques ideológicos una mejora institucional recurriendo al uso sexista del lenguaje en la administración.

Las diputadas y los diputados que han votado por el borrado de las mujeres en el uso del lenguaje, transgreden la obligatoria aplicación de la perspectiva de género en la Administración pública. A juicio de CCOO de la Región de Murcia la recientemente aprobada moción vulnera leyes orgánicas del Estado de Igualdad, contra la Violencia de Género y de Educación, además de la propia Ley del 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia, que mandata "la adecuación y creación de programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género en su actividad administrativa, promoviendo el uso no sexista del lenguaje en los documentos administrativos."

CCOO recuerda que, en materia de políticas públicas de igualdad, uno de los criterios de actuación de los Poderes Públicos, derivado de la declaración de principios generales de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Igualdad, es "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas."

CCOO exige a la Consejera de Igualdad Mujer, LGTBI, Familias y Política Social que reúna de forma urgente al Observatorio de Igualdad para que se pronuncie sobre el grave ataque proferido contra las mujeres y contra las instituciones públicas que deben garantizar el uso de un lenguaje no discriminatorio en la Administración.

CCOO insta al Consejo de Gobierno a valorar la preceptiva memoria del análisis del impacto normativo de género de esta infame propuesta antes de su adopción, medida acreditada por la Administración General del Estado para impulsar la mejora de la calidad normativa y para garantizar que no se incurra en manipulación legislativa en contra de la ciudadanía, como la perniciosa moción presentada y votada en la Asamblea Regional.

Nota: Esta nota de prensa ha sido redactada haciendo un uso inclusivo del lenguaje.