El recorrido burocrático que debe realizar la Consejería de Educación y Cultura para la sustitución del personal Auxiliar Técnico Educativo (en adelante ATE) en los centros educativos empieza en las oficinas de la Consejería de Educación, pasa hasta Función Pública, de ahí a Patrimonio para luego deshacer el camino por Función Pública y finalmente llegar nuevamente a Educación. Este trámite hace que durante semanas e incluso meses haya muchos puestos sin cubrir, lo que afecta directamente a los derechos del propio alumnado con necesidades educativas especiales, de sus familias, a las mayores cargas de trabajo a soportar, a la labor del profesorado y a la propia organización de los centros educativos.
Por otro lado, ambos sindicatos denuncian que la pésima gestión de Función Pública ha dado lugar al agotamiento de dicha lista de espera, lo que ha provocado el llamamiento de personas del SEF con mayor desconocimiento y falta de preparación específica para realizar la labor del ATE, lo que ha dado lugar a situaciones tensas y que en ocasiones han llegado a poner en peligro la propia integridad del alumnado.
Por todo ello, y ante una situación que consideran injustificable, Intersindical Servicios Públicos y STERM-i exigen que la Consejería de Educación asuma la gestión de estas listas de personal ATE y que se adopten medidas que acaben con un situación disfuncional que supone una merma en la calidad de los servicios. Ambas organizaciones sindicales exigen:
El aumento de las plantillas de personal ATE que permita atender al ACNEE en condiciones de igualdad con respecto al resto y sin que se produzcan situaciones discriminatorias por la falta de éste.
Aumentar el número de personal ATE itinerante de los centros de referencia, para dar una respuesta inmediata a las exigencias urgentes que surgen en el día a día. El que hay actualmente se demuestra insuficiente para cubrir todas las necesidades.
Un ATE, como mínimo, por centro escolar, acabando de una vez con varias itinerancias entre un centro y otro en un mismo día.
Reclasificación al C1 de este colectivo, como sucede en el resto del estado, con el reconocimiento de la extraordinaria labor educativa que realizan en los tres ámbitos en los que trabajan y que acabaría con los actuales conflictos en los centros con una nueva relación de funciones.