El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha valorado negativamente la aplicación del Real Decreto 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia COVID-19. El portavoz liberal, Francisco Álvarez, ha apuntado a tres aspectos desfavorables de la convocatoria: El retraso de casi un año para su aprobación, los requisitos excesivamente restrictivos y su complejo sistema de gestión, “es necesario reformar los requisitos de la convocatoria”.

Del citado plan de solvencia empresarial se ha recibido 95 euros por habitante en la Región de Murcia, lejos de la media nacional que ha sido de 149 euros: “Ante las quejas de las comunidades autónomas y las diversas patronales, el Gobierno saca un nuevo Decreto para modificar el anterior sin ningún otro tipo de flexibilización”, lamenta Álvarez.

Desde la consejería de Empresa “se ha trabajado, contra reloj, para apoyar a nuestras pymes y autónomos, con la finalidad del mantenimiento del empleo, proteger la capacidad adquisitiva de las familias y preservar la economía de la Región”, apunta el portavoz liberal.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha insistido que “se pone de manifiesto el gran hándicap para las empresas para cumplir con las exigentes condiciones impuestas por el gobierno central”. Miguélez ha reclamado sencillez burocrática y sensibilidad económica ante la situación que vive el tejido productivo.

Según la consejera de Empresa, el grado de ejecución de las convocatorias de julio y septiembre se situaría entre el 37%-41%: “Vamos a luchar para que los aproximadamente 80 millones que no se van a ejecutar se queden en la Región y que los fondos lleguen a donde tienen que estar, que es el tejido productivo regional”.