La portavoz de Podemos rechaza que la situación de degradación de la laguna sea producto de un fenómeno natural y señala como responsable a "la obra de 25 años de gobiernos del PP dedicados a proteger los intereses del agronegocio y la especulación inmobiliaria"
El Partido Popular ha presentado esta mañana en la Asamblea Regional una moción para instar al Gobierno de España a declarar el Mar Menor como zona catastrófica, una figura legal que cubre las emergencias provocadas por fenómenos naturales destructivos, como inundaciones, sequías o incendios, y para acontecimientos imprevistos, como pudo ser el accidente del Prestige. Sin embargo, para la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, la situación del Mar Menor "no se corresponde con ninguno de estos casos", ya que "no es producto de un fenómeno natural", sino que es el resultado de "la obra de 25 años de gobiernos del PP dedicados a proteger los intereses del agronegocio y la especulación inmobiliaria y a maltratar sistemáticamente el Mar Menor".
La diputada de Podemos ha repasado los titulares de hemeroteca de los últimos tres años para demostrar cómo López Miras y su equipo han tratado de ocultar el problema que atravesaba al Mar Menor hasta que ha sido imposible continuar haciéndolo ante una laguna que arrojaba peces muertos a sus orillas. Marín ha recordado cómo el presidente regional "ha cargado contra cualquier medida aprobada para reducir la contaminación, además de vulnerar toda la legislación para proteger a poderosos empresarios de la agroindustria". La portavoz de Podemos ha ironizado sobre los motivos que han conducido al ecocidio del Mar Menor, asegurando que "la catástrofe tiene nombres y apellidos: Ramón Luis Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez, Antonio Cerdá, Antonio Luengo, Fernando López Miras". "La catástrofe son ustedes", ha reprochado Marín a López Miras.
La diputada morada ha acusado además al Gobierno regional de "no haber cumplido ni las comas" de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, una norma que desde Podemos consideraron "completamente insuficiente", ya que continuaba permitiendo los vertidos contaminantes al Mar Menor, además de "absolutamente ineficiente" por "no contemplar ninguna medida para garantizar su puesta en marcha". Así lo reconoce el propio Informe anual del Grado de Ejecución y Cumplimiento de la Ley, que expone cómo ninguno de los objetivos marcados se ha desarrollado en este momento. Marín ha denunciado que el Plan de Restauración Hidrológico-Forestal de la cuenca del Mar Menor se encuentra "en tramitación", mientras que del Reglamento en materia de vertidos de tierra al mar "sólo está el borrador". En cuanto a la implantación de estructuras vegetales o filtros verdes que frenen las escorrentías, la diputada ha denunciado que no se ha producido "ni una sola inspección", sino que la Consejería se ha limitado a "meter en un cajón las declaraciones responsables". Algo similar ocurre con los Programas de Actuación para Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos, para los que la ley marcaba un plazo de dos meses y que "aún siguen tramitándose casi un año y medio después". La portavoz ha puesto el foco además en la falta de ejecución de cualquier actuación en la cuenca minera, o dirigida a la impermeabilización de las balsas de purines, que se encuentra en fase de estudio.
Precisamente sobre este último asunto de las balsas de residuos procedentes de la ganadería, Podemos difundió ayer un vídeo en el que denunciaban la presencia de numerosas explotaciones ganaderas que incumplían cualquier normativa ambiental, con balsas directamente excavadas en la tierra y que acaban filtrándose hasta los acuíferos. Marín ha reprochado al Gobierno regional que mientras que "cualquier vecino dando un paseo" puede comprobar estas irregularidades, mientras que la Consejería "aún no ha dado curso a ni una sola sanción relacionada con este tipo de explotaciones". A este respecto, ha recordado que Antonio Luengo, consejero de Medio Ambiente y Agricultura, "tendría que haber dejado trabajar a los técnicos", en lugar de haber llevado a cabo una purga estos últimos meses en las Direcciones Generales de Medio Ambiente, Medio Natural o Mar Menor, con el cese de más de treinta trabajadores".
La declaración de zona catastrófica que el Partido Popular exige al Gobierno de España es además, según denuncia Marín, "una amnistía encubierta a los que se han cargado el Mar Menor y a los que lo han permitido". Frente a esta actitud, la diputada morada ha recordado que las multinacionales del agronegocio "facturan miles de millones de euros al año", mientras que "a la hora de pagar la factura medioambiental, pretenden paguemos todos". Desde Podemos insisten en la necesidad de exigir las reparaciones pertinentes a las empresas responsables, como las encausadas en el caso Topillo, y destinar "íntegramente ese dinero a los vecinos y vecinas y a los negocios afectados". Por último, la portavoz de Podemos ha vaticinado que los responsables políticos "también tendrán que pagar más temprano que tarde" por "haber permitido un desastre ambiental a cámara lenta, que podría haberse evitado, pero que ha acabado en un ecocidio porque el Gobierno regional ha preferido mirar hacia otro lado".