El Pacto por la Justicia, que recoge las necesidades que precisa corregir el sistema judicial en la Región para ser ágil, rápido y eficaz, está listo para ser remitido al Ministerio. El documento contiene las aportaciones de 52 colectivos y agentes sociales vinculados a la Administración de Justicia en la Región y su objetivo es reforzar el sistema judicial, carente de recursos personales y materiales, para dotarlo de los medios necesarios y poder garantizar una justicia moderna.

El Pacto por la Justicia tiene su origen en la Apertura del Año Judicial en la Región de 2019, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal Superior solicitaron que se estudiasen las necesidades del sistema judicial de la Región, para equiparar sus recursos con la media nacional. El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recogió la petición, dando paso a la redacción del documento, que fue remitido hace un año a la Asamblea Regional para que los grupos políticos hicieran sus apreciaciones.

El proceso culminó hoy con la reunión convocada por el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a la que asistieron representantes de los grupos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Ratio de fiscales más baja de España

Entre las demandas planteadas en el Pacto se encuentra la reclamación de 27 nuevas unidades judiciales que permitan eliminar el desequilibrio que padece la Región, donde hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 15 de Asturias o los 14 de Cantabria, así como la ampliación de 15 fiscales más, lo que permitiría dejar de ser la comunidad con la ratio más baja. La creación de la Ciudad de la Justicia en Cartagena o la ampliación de las instalaciones judiciales en ciudades como Molina de Segura o Lorca, son otros déficits que soporta el sistema judicial de la Región.

Marcos Ortuño precisó que "padecemos un sistema judicial lento y colapsado por la falta de recursos humanos y materiales. Esto supone un enorme lastre para nuestra Región que es urgente solucionar, porque los murcianos, como el resto de los españoles, merecemos una administración de justicia ágil y eficaz. El Pacto por la Justicia ofrece un diagnóstico claro de las medidas que son necesarias para lograr ese objetivo".

El consejero remarcó que el Pacto por la Justicia "no está sometido a cálculos ni a intereses políticos. Es una radiografía de nuestro sistema judicial y de las necesidades que es urgente resolver".

En este sentido, subrayó que "es imprescindible la voluntad política y la inversión presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia para cubrir cuanto antes las necesidades que diagnostica el Pacto por la Justicia. Para eso, el Pacto debe llegar al Ministerio y ser atendido".