Ante los sucesivos intentos fallidos y el anuncio de un nuevo proceso de negociación, UGT ha elaborado un informe para promover un marco legislativo integral e inclusivo de Atención Temprana.

El pasado mes de junio conocimos la brusca e inesperada retirada del Proyecto de Decreto por el que se pretendía regular la intervención integral de la Atención Temprana en la Región bajo excusas de no encontrar el mecanismo legal oportuno que tuviera encaje en la Ley de Presupuestos regionales de este año. Aunque no estábamos de acuerdo con algunos asuntos planteados, consideramos que se ha perdido otra oportunidad para plasmar en la legislación y en la acción institucional, las situaciones reales y cotidianas que encuentran tanto la población infantil con alteraciones en su desarrollo así como los profesionales que intervienen en su atención para lograr su máxima autonomía futura y superar las desigualdades.

UGT Región de Murcia considera imprescindible poner en marcha de forma urgente, una norma legal que garantice el acceso universal y gratuito a la Atención Temprana de los niños y niñas y sus familias cuando lo precisen, con la suficiente calidad y que incluya a todos, vivan donde vivan. Para ello hemos venido colaborando activamente en el grupo de trabajo que trataron estos temas en el seno del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, participando en la elaboración del Dictamen aprobado y publicado en marzo de 2019. Donde se evidenciaban los errores de planificación y la falta de rigor en la valoración, tanto económica como territorial, así como las necesidades de personal e infraestructuras que tenía la propuesta inicial del Gobierno Regional, señalando que esta regulación debía incorporar cuestiones de fondo como son; la actualización normativa urgente de la Ley del Menor, el desarrollo del currículo del primer ciclo de Educación Infantil así como el seguimiento e inspección de los servicios externalizados, entre otros asuntos.

Para UGT, es incuestionable la larga y fructífera labor de los profesionales en sus distintas disciplinas, que trabajan en la Atención Temprana en nuestra región en los últimos 20 años, tanto desde las administraciones públicas, como la iniciativa asociativa o privada. Trabajo que, hay que repetir, se ha realizado a pesar del escaso apoyo recibido por las diferentes y sucesivas administraciones regionales, que han ido eludiendo sus responsabilidades en todo lo que se refiere a la etapa de cero a seis años, y, de manera específica, a la Atención Temprana.

Es urgente que se asuma de una vez y sin más excusas, que hay que redoblar esfuerzos en poner en marcha un marco regulador en nuestra región que dé garantía jurídica, universalidad y gratuidad del derecho a la intervención de atención temprana. Es de justicia que se ponga en marcha una legislación que garantice este derecho, fomente la labor preventiva para situaciones de riesgo y ofrezca estabilidad laboral a las personas que vienen trabajando en este campo, garantizando la participación de los agentes sociales y económicos en su redacción y planificación.

En aras de una mayor transparencia y seguridad, consideramos desde UGT que la gestión, coordinación, evaluación y seguimiento del Servicio de Atención Temprana debe ser asumido por un órgano administrativo público, con criterios objetivos, compresibles y accesibles, asegurando la implementación de planes formativos y de investigación de todos los servicios implicados, que tan necesarios son para garantizar un servicio de calidad adaptada a las necesidades de las niñas y niños que se atienten.

Otro aspecto del análisis que nos preocupa y destacamos en nuestro informe está referido a la garantía de sostenibilidad económica del sistema de atención temprana, ya que la planificación hecha hasta ahora no garantiza que se disponga de los medios económicos, técnicos y humanos suficientes, que faciliten su puesta en marcha de manera completa y que abarque a todos los potenciales usuarios de la Región.

Ante los intentos fallidos y el anuncio de un nuevo proceso de negociación, UGT ha elaborado un informe para impulsar el desarrollo de un marco legislativo integral de Atención Temprana que entregará a los agentes sociales e institucionales implicados.