Tras más de un año de la pandemia del coronavirus, los problemas de salud mental están convirtiéndose en uno de los principales asuntos sanitarios, hasta el punto de haber pasado a ser una de las preocupaciones más acuciantes para la sociedad. Desde Podemos, ya antes de la crisis mundial provocada por la covid, estaban planteando la necesidad de contar con una Ley de Salud Mental que fijase un marco común para todas las autonomías, donde recaen la mayoría de las competencias sanitarias. La propuesta de ley, que quedó postergada debido a las medidas sanitarias y sociales que se pusieron en marcha con la llegada de la pandemia, ha sido retomada ahora por la formación, que el pasado viernes volvió a registrarla para impulsar que se cubra de una vez desde el sistema público una necesidad tan importante como el cuidado de la salud mental.

Podemos mantuvo ayer una reunión con Pilar Martín y Pilar Larraz, vicedecana y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, en la que hicieron entrega del borrador de la ley para recibir impresiones y aportaciones. El texto presentado por la formación morada en el Congreso de los Diputados propone, entre otros asuntos, reforzar la prevención del suicidio y la identificación y el trabajo con grupos vulnerables. El secretario regional de Comunicación, Víctor Egío, asegura que la situación "ya era preocupante" antes de la pandemia, por lo que ahora "es preocupante, urgente e inaplazable afrontar este asunto desde el debate público". Egío destacó que la pandemia "ha disparado aún más los problemas de salud mental", ya que mientras que hasta 2019 los suicidios habían aumentado un 25% en una década, "con la llegada de la covid y el confinamiento se ha agravado aún más esta situación", por lo que reclama que "todas las administraciones den una respuesta a esta otra pandemia, que es la de la salud mental".

Otro de los problemas actuales de la atención a la salud mental que se aborda en la ley es el relacionado con las listas de espera y la necesidad de más profesionales de la psicología en el sistema público para poder reducirlas. Desde el Colegio de Psicología trasladaron a Podemos que no sólo se trata de la espera para llegar hasta la primera cita, que se demora en más de 71 días de media, sino que el seguimiento es prácticamente inexistente, ya que tras esa visita de escasos veinte minutos, la siguiente no se produce hasta al menos cuatro meses después, por lo que no hay forma de tratar adecuadamente estos problemas hasta que derivan en una patología de difícil solución. Por ello, desde el Colegio Oficial comparten la necesidad recogida en la ley de reducir las ratios hasta niveles europeos. Mientras que en el resto de países de nuestro entorno, la proporción es de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, España queda aún muy lejos de esa cifra con apenas seis cada 100.000 personas. Una cifra que se ve aún más reducida cuando atendemos a los datos autonómicos, ya que en la Región de Murcia ni siquiera se llega a los 5 psicólogos cada 100.000 habitantes.

A este respecto, Podemos también lamentó que el Gobierno regional se negase a introducir el carácter multidisciplinar de los equipos de servicios sociales, algo que la formación morada presentó como enmienda a la Ley de Servicios Sociales aprobada hace pocos meses en la Asamblea Regional. Egío apoyó las reivindicaciones del Colegio de Psicología y destacó que "la única explicación a esta negativa es la económica; López Miras se opuso a crear una serie de plazas de psicología en estos equipos, a pesar de que el gasto sería mínimo respecto al total de los presupuestos regionales". Para Podemos, esta medida hubiese supuesto la posibilidad de detectar problemas de salud mental antes de que se agraven, lo que supone un gran paso hacia la prevención y evita a la larga un gasto mayor en su atención. Sin embargo, también destacan que la negativa de López Miras puede deberse precisamente a este punto, ya que si se introdujesen psicólogos en los equipos de servicios sociales, "se podría llegar rápidamente a la conclusión de que muchos de los problemas mentales están generados por condiciones de precariedad laboral, de acoso hipotecario o de exclusión, por lo que para abordarlos sería necesario también atender a otros ámbitos además del sanitario, como el social, la protección frente a la vulnerabilidad, laboral o acabar con las dificultades para acceder a una vivienda digna".