La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía ha abierto la convocatoria, dotada con 346.000 euros, para que empresas de inserción puedan solicitar subvenciones para contratar a personas vulnerables, personas en riesgo o situación de exclusión social, contratar a personal técnico y de acompañamiento, y realizar labores de divulgación y comunicación de su actividad.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, remarcó "el esfuerzo que se hace desde el Gobierno regional para fomentar la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión. Las empresas de inserción tienen un papel fundamental porque favorecen la empleabilidad de un colectivo que presenta muchas dificultades para acceder al mercado laboral, ya que el trabajo remunerado es uno de los instrumentos más eficaces de inclusión". En la Región estas empresas dan empleo a medio centenar de personas.

En concreto, se destinarán 240.000 euros para que las empresas de inserción contraten a personas en situación de vulnerabilidad. Las beneficiarias reciben el 80 por ciento del salario mínimo interprofesional de sus trabajadores, si se trata de hombres, y hasta el 90 por ciento del salario mínimo interprofesional, si se contrata a mujeres.

La convocatoria contempla también 100.000 euros para contratar personal de acompañamiento a las personas vulnerables, que a través de un itinerario de inserción personalizado realizan un seguimiento de éstas ayudándolas a integrarse en el mercado laboral o enseñándoles una profesión u oficio; y 6.000 euros para las actividades de difusión.

La convocatoria de las subvenciones se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y finalizará el día 31 de agosto.

Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y gestionadas por la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo.

Las empresas de inserción son sociedades que facilitan el acceso a un puesto de trabajo a desempleados que pertenecen a colectivos como los perceptores de rentas mínimas, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas con problemas de drogodependencia en rehabilitación, o internos de centros penitenciarios.