Después de casi dos décadas desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales, esta mañana, la Asamblea Regional ha aprobado el texto de la reforma que dotará a la comunidad autónoma de una nueva norma respecto a este ámbito. Sin embargo, a pesar de la tardanza en la redacción y aprobación de esta nueva ley, la portavoz de Podemos en la cámara regional, María Marín, ha denunciado que el texto se queda "muy lejos de responder a las necesidades y demandas reales de los usuarios y sus familias, así como de los profesionales del sector". La diputada ha explicado que desde Podemos presentaron un total de 32 enmiendas a esta ley, en las que se recogían las demandas que nos han trasladado los profesionales de los servicios sociales y, además, "se incluían las mejoras que han introducido en sus leyes de servicios sociales de tercera generación otras comunidades como Canarias o la Comunidad Valenciana y que no recoge esta ley".

Se trata por tanto de "una oportunidad perdida" que, tal y como denuncia Marín, "no reconoce la labor de profesionales indispensables en este servicio, como psicólogos o educadores sociales". Además, la portavoz morada ha denunciado que "tampoco se mejoran las ratios de personal para aumentar el número de trabajadores sociales", en un momento de crisis como el actual "después de meses de pandemia y cuando estamos viendo a nuestros trabajadores desbordados", lo que supone en su opinión "una tremenda irresponsabilidad". También ha apuntado que, sin mejorar las ratios "se ponen en peligro nuevos derechos como el Ingreso Mínimo Vital".

En cuanto a la vigilancia para que las escasas mejoras que introduce la ley puedan llevarse a cabo, para la portavoz de Podemos es "claramente insuficiente", ya que tampoco sube el personal de la inspección. Podemos ha propuesto en una de las 32 enmiendas presentadas una ratio "razonable, de un inspector por cada 100.000 personas, lo que supone unos 15 inspectores para el conjunto de la Región de Murcia, frente a los 3 actuales". Marín ha recordado que durante esta pandemia se han detectado "negligencias muy importantes en residencias y centros para personas con discapacidad; unos fallos que cuestan vidas", al tiempo que ha lamentado la "absoluta falta de voluntad política para corregir esta situación y vigilar que los conciertos se cumplen".

Por otra parte, la portavoz de Podemos ha reprochado al PSRM-PSOE de Diego Conesa que finalmente haya claudicado ante la presión de las redes clientelares que se aprovechan de la falta de una regulación seria para quedarse con la gestión del servicio, y haya votado favorablemente a un texto "mucho menos ambicioso que el de otras comunidades autónomas donde están en gobiernos de coalición junto a Unidas Podemos". Para Marín, es "incomprensible e inexplicable" que el partido socialista dé su voto a un texto que consagra que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia contarán "con ratios más altas de usuarios por profesional, con menos inspectores y con una ley que no introduce ningún cambio en un modelo concertado de los servicios sociales que ha fallado".

Por último, Marín ha criticado que el Gobierno regional haya utilizado el rodillo que le brinda la mayoría absoluta construida "no gracias a los votos de los ciudadanos y ciudadanas, sino a la compraventa de diputados y diputadas tránsfugas" para ignorar la práctica totalidad de las enmiendas que Podemos ha redactado junto a asociaciones de profesionales y usuarios de los servicios sociales. Del total de 32 enmiendas presentadas por los morados, solo se ha aprobado una y se ha estimado otra parcialmente. De esta forma, Podemos ha conseguido el reconocimiento del derecho de las personas usuarias a intervenir en los órganos de participación existentes, "de los que hasta ahora estaban apartadas". También se reconocerá gracias a la enmienda de los morados "la verificación de la los conciertos y los contratos de gestión de servicios sociales como una función explícita de la inspección". Sin embargo, a pesar de haber sacado adelante sobre el papel esta medida, Marín ha asegurado que "si no viene acompañada por una subida importante del número de inspectores, no tendrá ninguna aplicación práctica", por lo que ha exigido "pasar de las palabras a los hechos y dotar adecuadamente esta ley de los fondos necesarios para su puesta en marcha".