La Comunidad Autónoma ha adquirido 35 viviendas para destinarlas a personas sin hogar de los municipios de Murcia y Alcantarilla, en el marco del programa europeo de erradicación del chabolismo, y ultima la compra de otros tres inmuebles más. Actualmente, alrededor de 100 personas ya están instaladas en sus nuevos hogares y se están acondicionando 15 viviendas, ya que se entregan completamente rehabilitadas.

Este es el balance del programa cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) que arranca la Consejería de Fomento e Infraestructuras con la compra y adecuación de las nuevas viviendas, que se ceden a los ayuntamientos. Posteriormente, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la ONG Habito se encargan del acompañamiento social para ayudar a las familias en el proceso de integración social.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, destacó que "las políticas para garantizar un hogar a todos los murcianos son prioritarias para el Ejecutivo regional en una situación de crisis como la que actualmente estamos viviendo como consecuencia de la pandemia de coronavirus". Concretó que esta medida tiene como objetivo "facilitar el acceso a una vivienda digna a familias que de forma cronificada residen en chabolas o infraviviendas".

"El derecho a disponer de un hogar es uno de los pilares básicos que construyen nuestro sistema social, porque es el lugar desde donde las familias construyen sus proyectos de vida", manifestó el responsable regional.

Viviendas unifamiliares

Se adquieren generalmente viviendas unifamiliares, de segunda mano pero en correcto uso, situadas preferentemente en las áreas en las que estén arraigadas las familias a las que van destinadas. Para su adquisición se valoran las necesidades de cada familia, así como la proximidad de la vivienda a servicios sanitarios y educativos y cuenta con el visto bueno de la comisión coordinadora del programa europeo.

Las viviendas adquiridas, que han supuesto una inversión total de 3,5 millones de euros, pasan al parque de vivienda pública de cada municipio y se ofrecen sin coste de alquiler o renta para las personas realojadas, en situación de vulnerabilidad severa y exclusión social, que únicamente hacen frente a los gastos de suministros.

La Dirección General de Vivienda adquiere los inmuebles a través de portales inmobiliarios y agentes de la propiedad inmobiliaria que localizan viviendas que cumplen la tipología exigida para posibilitar al máximo la integración de estas personas.

El seguimiento de las familias lo coordina la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, en colaboración con los servicios sociales de los municipios adheridos al programa y con Habito, una entidad del tercer sector formada por Cáritas, Copedeco y Secretariado Gitano, especializada en atender las necesidades de vivienda de colectivos desfavorecidos.

El órgano responsable del programa es la Comisión de Seguimiento, que integran representantes de las Consejerías de Economía, Hacienda y Administración Digital, de Fomento e Infraestructuras y de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social; de los municipios implicados y de la entidad del tercer sector que participa en el proyecto.