El pasado 16 de junio ocurrió algo histórico, que pretende poner fin a una situación extremadamente grave y anómala. Por ello, es extraño que la noticia haya tenido todavía poco eco en los medios de comunicación.

Por primera vez, el Tribunal Constitucional (TC) es demandado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos que, en su artículo 6.1. reconoce el derecho a un proceso justo y en un plazo razonable.

Los demandantes son un grupo de exdiputados del PP que participaron en el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el TC en relación con la vigente Ley del Aborto ("Ley Aído").

El motivo es que han pasado once años de ese recurso de inconstitucionalidad y, sin causa justificada, el TC todavía no ha dictado sentencia, lo que supone ignorar al Parlamento, a los diputados que recurrieron y a todos los ciudadanos a los que representaban, impidiéndoles su acceso a la justicia y haciendo un "flaco favor a la división de poderes y al respeto constitucional" en palabras de Azpiroz, uno de los ex-diputados demandantes.

Para mayor agravante, al admitir el recurso, el propio TC comunicó que daría carácter prioritario a su tramitación y resolución y, sin embargo, desde entonces ha dictado miles de sentencias de recursos interpuestos, en su mayoría, con posterioridad. Actualmente el recurso de inconstitucionalidad de la "ley Aído" es el más antiguo que tiene pendiente el TC.

A pesar de la gravedad de todo lo anterior, la inacción del TC todavía reviste, cualitativamente, una mayor gravedad:

El TC está incumpliendo los deberes constitucionales ratificados por su propia jurisprudencia (sentencia TC 53/1985): "el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución), mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma". La "Ley Aído", precisamente, borra cualquier protección del nasciturus por debajo de las 14 semanas.

Por tanto, podemos decir que, ante la más mínima duda sobre la inconstitucionalidad de la "ley Aído", el TC lleva más de 11 años desentendiéndose de esa obligación constitucional de garantizar una protección efectiva de la vida del no nacido.

Pero en realidad, a partir de la jurisprudencia del TC, y no solo de una sentencia, todo apunta a que la "ley Aído" es manifiestamente inconstitucional. Parece como si la ideología de algunos hubiera desplazado al rigor jurídico, provocando la imposibilidad de acuerdo y, como consecuencia, una parálisis inaudita en el intérprete supremo de la Constitución.

Desde el partido Valores denunciamos esta situación injusta, que mina la credibilidad de nuestro ordenamiento jurídico y socava los cimientos de nuestra democracia. Y, sobre todo, porque ha supuesto la muerte de aproximadamente un millón de seres humanos indefensos.