Un Plan de mejora regulatoria y calidad normativa para llevar a cabo un proceso de revisión y depuración de las normas que componen el ordenamiento jurídico regional es lo que ha puesto en marcha el Gobierno de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública.

Este plan mejorará la comprensión y aplicación de las normas; incorporará versiones en lectura fácil, mejorando su accesibilidad y permitiendo el conocimiento por parte de todos los colectivos, incluidas las personas con discapacidad; aumentará la transparencia; y fomentará la participación ciudadana en su elaboración.

El consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, destacó al respecto que "en los últimos tiempos, la adaptación y mejora de la regulación se ha convertido en preocupación de organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o de la propia Unión Europea. Con la aprobación de este plan, la Administración regional se alinea, así, con los objetivos perseguidos por otros países de nuestro entorno que vienen desarrollando estas políticas transversales bajo las etiquetas de Better o Smart Regulation."

Para aumentar la transparencia y la participación ciudadana, el plan contempla la puesta en marcha de un sistema de huella normativa que permite poner a disposición de todas las personas los informes y dictámenes generados en los procesos normativos, así como las alegaciones efectuadas por todos los actores que intervienen en el proceso, o la respuesta dada a las mismas, de forma que se informe de las distintas modificaciones producidas a lo largo de toda su tramitación.

Una mayor transparencia, además de fomentar la participación ciudadana, garantiza que las decisiones sean más motivadas y razonables y permite conocer qué y quiénes influyen directa o indirectamente en la normativa que todos deberemos observar.

Otra de sus medidas consiste consolidar la normativa de los reglamentos regionales para avanzar en seguridad jurídica y facilitar que los ciudadanos y empresas, que han de aplicar estas normas, puedan conocer el texto vigente en todo momento.

Finalmente, este plan fomentará las evaluaciones de impacto normativo, de forma que se garantice la utilidad de las normas y su efectiva contribución de modo eficaz y eficiente al objetivo que persiguen.

El proyecto, recogido en Estrategia regional de Gobernanza Pública 2020-2023, cuenta con la participación de todos los servicios jurídicos de las consejerías, y lo coordina la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, a través de la Inspección General de Servicios.