El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Región Murciana, STERM Intersindical, considera que ni la Orden por la que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 publicada hoy martes 6 de julio en el BORM ni las declaraciones de la Consejera de Educación, María Isabel Campuzano, atienden a las demandas de la comunidad educativa para iniciar el curso 2021/2022 en las condiciones adecuadas tanto sanitarias como educativas.
Desde el sindicato denuncian en primer lugar el déficit democrático de la Consejería de Educación puesto que ha sido manifiestamente incapaz de reunirse con las organizaciones sindicales para tener en cuenta aquellas cuestiones que afectan no sólo a elementos de índole sanitaria sino también educativa. José Manuel Fernández, coportavoz de STERM Intersindical, insiste en que "una toma de decisiones unilateral, como sucedió el curso pasado, no es la mejor solución para afrontar un curso escolar que requiere de la participación y el compromiso de toda la comunidad. Sin embargo, una vez más, esta Consejería demuestra estar completamente al margen, alejada, de la realidad educativa".
STERM-i denuncia que la vuelta a la presencialidad el próximo curso escolar no puede realizarse en las mismas condiciones previas a la pandemia. Fernández aclara que "no se trata solo de una cuestión sanitaria para cumplir las medidas o las distancias de seguridad. Es también una cuestión de recuperación educativa de un año y medio que ha tenido consecuencias educativas, sociales y emocionales para nuestro alumnado".
Por desgracia, insisten desde el sindicato, esta Consejería de Educación se encuentra lejos de demostrar un verdadero compromiso con la Escuela Pública. Mientras otras Comunidades Autónomas garantizan que se reforzarán las plantillas docentes aquí no encontramos ni el más mínimo gesto para reconocer el esfuerzo del profesorado mejorando sus condiciones laborales o poniendo recursos para reducir las ratios de alumnado por aula.
Desde STERM Intersindical insisten en que la falta de concreción de la Consejería de Educación y la manifiesta falta de voluntad política para reforzar la Escuela Pública es un ataque para el sistema educativo regional en momentos como los actuales. Desde el sindicato insisten en que prescindir de más de 1.000 docentes es una auténtica aberración que atiende única y exclusivamente a criterios económicos.
Por ello, insisten en que el gobierno del presidente López Miras debe garantizar, de manera clara, que desde el 1 de septiembre se mantendrán las plazas de refuerzos COVID con carácter estructural y de atención docente directa, no solo de apoyo educativo, de manera que se afrontará una bajada de ratios y desdobles de aulas que permita garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y una atención educativa de calidad para todo el alumnado, especialmente el más vulnerable. Lo contrario, añade Fernández, es contribuir a que la educación murciana siga estando a la cola en materia educativa con respecto al resto de comunidades autónomas.