(05/07/2021) Mañana 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, aprobará el Anteproyecto de Ley sobre Memoria Democrática que pasará a debatirse como proyecto de ley en el Parlamento Español.
Desde la Federación de Memoria Histórica de la Región de Murcia como parte del Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo consideramos que es una gran oportunidad para conseguir, esta vez sí, una ley que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita cerrar las heridas que aún permanecen abiertas. Lo necesitamos las víctimas, cientos de miles, y lo necesita la democracia española para cerrar definitivamente aquel proceso de transición con Verdad, Justicia y Reparación.
Si bien es cierto que el actual anteproyecto recoge una parte de las reivindicaciones esenciales de esta larga lucha del movimiento memorialista y de las recomendaciones y demandas del Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzada, varias resoluciones del Consejo de Europa, los Tratados Internacionales al respecto y el Derecho Internacional Humanitario, no es menos cierto que el Estado español sigue sin permitir el acceso a la Tutela Judicial Efectiva para las víctimas, el acceso a la Justicia.
Por ello queremos destacar algunos aspectos concretos:
Es absolutamente necesaria la declaración de nulidad la Ley de Amnistía de 1977 o, al menos, de aquellos apartados (artículo 2, apartados e y f), para que deje de ser utilizada por la judicatura como ley de punto final, permitiendo investigar judicialmente los crímenes del franquismo y el acceso a la justicia a las víctimas de la dictadura.
Declarar las resoluciones judiciales o administrativas nulas, y los tribunales u organismos franquistas que las dictaron como ilegítimos, tal y como establece el Anteproyecto, no tiene plena validez jurídica. Es imprescindible, que los Tribunales y Consejos de Guerra franquistas sean considerados ilegales y sus sentencias, así como toda la legislación represiva del franquismo, sean declaradas nulas de pleno derecho, sin necesidad de que por parte de las víctimas de la dictadura o sus familiares se tenga que instar ningún proceso judicial administrativo posterior para llevar a efecto tal declaración de nulidad.
Pese al avance que representa que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas, el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en el proceso de localización, exhumación e identificación de las fosas comunes y, este extremo, es absolutamente necesario para establecer la Verdad Jurídica de lo que pasó, la custodia legal de todas las pruebas documentales, así como para impartir justicia.
Es imprescindible el reconocimiento de los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, por lo que el Estado español debe ratificar la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” de 1968. Asimismo, pedimos el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado, de instituciones, organizaciones, entidades y particulares que se hayan beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados.
Exigimos el reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el fascismo y el nazismo y el derecho a ser consideradas y tratadas como sujetos activos de todos los derechos reconocidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito. Víctimas como las personas asesinadas y enterradas en fosas comunes, las torturadas y encarceladas, bebés robados, la represión específica contra las mujeres, homosexuales, minorías étnicas, las expoliadas y expropiadas, las que participaron en la guerrilla, las obligadas al exilio, las depuradas y destituidas, las represaliadas por actuaciones de Resistencia fuera de España y al resto de víctimas del nazismo…
Además, es ineludible la modificación la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional y el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
En cuanto al período que abarca la Ley, consideramos que debe llegar al menos hasta 1983, pues en esta etapa hubo más de 300 víctimas luchadoras y luchadores por las libertades democráticas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha. Y en los casos de bebés robados, la fecha debería abarcar, al menos, hasta 1999, año en el que se declara inconstitucional el parto anónimo.
La Recuperación de la Memoria Democrática y el fin de la impunidad del franquismo es responsabilidad de toda la sociedad, y una obligación ineludible para un Estado que se dice de derecho y que respeta los derechos humanos. Porque el franquismo asesinó a hombres y mujeres republicanos y antifascistas por todo el país, provocando un trauma transgeneracional significativo que todavía hoy no ha sido abordado con rigurosidad y, en consecuencia, aún no se ha podido superar. El reconocimiento de la Verdad permite que la Justicia actúe y que el camino de la Reparación se empiece a construir con Garantías de No Repetición.
Es por todo ello por lo que llamamos a la ciudadanía democrática, a las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de juristas y a todo tipo de entidades cívicas a apoyar nuestras justas reivindicaciones por una ley que ponga fin al silencio, olvido e impunidad sobre tanto crimen de aquella genocida dictadura. Como así han hecho en otros países de nuestro entorno para cerrar heridas y avanzar en una plena Democracia.