Las condiciones actuales bajo las cuales se pretende sacar a concurso los pliegos van a suponer una mayor precarización del trabajo, que ya de por sí estaba altamente devaluado.

En noviembre del año pasado USO realizo un informe en el que consideraba impensable que se pudieran ajustar los servicios de las personas trabajadoras afectas al transporte escolar si no se contaba con un contrato mínimo de media jornada, que debía ser ampliado en función de los trayectos a recorrer. De otra forma era materialmente imposible dar cumplimiento a la legislación y al convenio colectivo de aplicación.

Los inicios y términos de la jornada deben ser en el centro de trabajo (no en la puerta de los colegios), igual que el tiempo de toma y deje del servicio debe considerarse como tiempo de trabajo efectivo, y la valoración del tiempo de presencia al  por ciento.

Lejos de tener en cuenta tales consideraciones, las condiciones económicas propuestas en los pliegos en los que viene trabajando la Consejería de Educación vienen a agravar la situación, considerando que difícilmente se pueden cubrir los costes salariales de las empresas en cumplimiento de la legislación laboral y el convenio colectivo.

Así las cosas, esta situación propiciada por la administración nos puede llevar a dos escenarios: La pérdida de puestos de trabajo ante la imposibilidad de sufragar los costes por parte de las empresas y la precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del transporte escolar que serían los "paganos" de las empresas que accedieran a los pliegos bajo las condiciones impuestas por la Consejería.