Hasta el momento se han practicado 11 detenciones y se están llevando a cabo diferentes actuaciones en las provincias de Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca
Es la primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del COVID-19
El beneficiario de estas adjudicaciones pertenece a una organización criminal vinculada al narcotráfico
Durante los días 15 y 16 de junio de 2021, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción n° 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y con el apoyo de EUROPOL, llevará a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Por el momento, han sido practicadas 11 detenciones y las actuaciones se están llevando a cabo en las provincias de Barcelona, Gerona, Murcia, Almería y Palma de Mallorca, puntos donde se están bloqueando e interviniendo diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles. En este sentido, durante los próximos días se seguirán realizando actuaciones tendentes al aseguramiento de pruebas y al esclarecimiento de los hechos.
Debido al amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como operación LÚA, los agentes de la UCO responsables de la investigación policial están siendo apoyados por efectivos de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Agrupación de Reserva y Seguridad, y de Policía Judicial, pertenecientes a las Comandancias de la Guardia Civil afectadas.
Asimismo se cuenta con la colaboración del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros de EUROPOL, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo durante el trascurso de las actuaciones.
Inicio de la investigación
La investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas.
Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el COVID-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público.