"Es una acción orquestada para intentar limpiar la imagen denostada del PSOE en la Región de Murcia al ser su vergüenza nacional, tras la chapuza de la moción de censura", ha asegurado el 'popular'
"Este dictamen tendría algún tipo de validez pública, si el Gobierno de Sánchez hubiera demostrado su neutralidad ante este tema aceptando la recusación del PP", ha indicado
El secretario del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha asegurado, tras conocer el dictamen de la comisión de expertos, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de Pedro Sánchez, que "más que una resolución es un panfleto sectario y partidista firmado" por un ex diputado de Izquierda Unida, ex abogado de CCOO y ex marido de la ministra de Pedro Sánchez, María Jesús Montero "en el que no hay ni un solo argumento jurídico y todo son valoraciones políticas".
"Este informe no tiene ningún tipo de validez, ni jurídica, ni administrativa, ni disciplinaria, ni política, ya que se convirtió en papel mojado en el momento en el que el ponente del mismo no podía ser imparcial", ha asegurado Luengo, quien ha preguntado qué neutralidad puede tener una persona que ha desempeñado cargos políticos anteriores y que ha sido "designado a dedo a sabiendas de cuál iba a ser la resolución final".
Así, el secretario general del PPRM ha dejado claro que "esta resolución no tiene ningún valor" porque, conforme establecen los pronunciamientos previos de la comisión de expertos, "no es una instancia judicial, ni administrativa, ni tampoco una comisión disciplinaria o ética de los partidos políticos firmantes del Pacto Antitrasfugismo", tal y como se refleja en el dictamen 9/2008.
Asimismo, Luengo ha denunciado que "es más que evidente que se trata de una acción orquestada para intentar limpiar la imagen denostada del PSOE en la Región de Murcia al ser su vergüenza nacional, tras la chapuza de la moción de censura, orquestada en las cloacas de Moncloa", ha aseverado el secretario general del PPRM.
Para Luengo, "este dictamen tendría algún tipo de validez pública, si el Gobierno de Sánchez hubiera demostrado su neutralidad ante este tema aceptando la recusación que el PP presentó por ser Ibáñez el firmante del dictamen".