Los testimonios de varias mujeres de la Región de Murcia recogidos ayer por una televisión estatal en el marco de un programa dedicado a los impedimentos con los que muchas personas se encuentran a la hora de abortar, vuelven a poner de relieve el incumplimiento sistemático de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo en la Región de Murcia y la vulneración de derechos esenciales. Así lo ha asegurado María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, para quien el reportaje "pone los pelos de punta" y "demuestra la realidad de cientos de mujeres de la Región". La diputada ha considerado que una situación en la que "se ven obligadas a abortar a cientos de kilómetros de su hogar, solas y sin ningún tipo de asistencia psicológica, incluso en los casos de graves malformaciones del feto o en los que corre un grave riesgo la salud de la gestante", constituye "maltrato institucional contra las mujeres" y es un claro ejemplo de "machismo dentro de las propias instituciones". La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho que en este país costó mucho conseguir y que está garantizado por la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva de 2010. Sin embargo, Marín ha denunciado que "los gobiernos del PP han convertido una vez más a la Región de Murcia en un territorio pirata que vive al margen de la ley".
Ante las informaciones aparecidas durante el último mes en los medios de comunicación, desde la formación morada han registrado una moción urgente "para exigir que se respeten de una vez los derechos de todos y todas" y recuerdan que ya en 2018 llevaron a la Cámara una iniciativa en este sentido, "que fue rechazada con los votos de Partido Popular y Ciudadanos". Entre las propuestas recogidas en la moción de Podemos se incluye "la supresión inmediata de la derivación de quienes solicitan una interrupción voluntaria del embarazo a centros privados, un programa de formación obligatoria para el personal de los hospitales públicos y la elaboración de un protocolo de atención integral, que incluya el acompañamiento durante todo el proceso y la atención psicológica especializada". Marín también ha insistido en la necesidad de que se elabore un registro de los facultativos del sistema de salud que se declaran objetores de conciencia, "algo que recoge la ley orgánica, pero que no se lleva a cabo en la Región" y ha recordado que "la obligación del Sistema Murciano de Salud es contar con los profesionales necesarios para ofrecer esta prestación, al margen de los casos puntuales de objeción". Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, ha registrado esta mañana en el Congreso una batería de preguntas para conocer las medidas que va a tomar el Gobierno de España para garantizar que la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también se cumpla en la Región de Murcia.
Finalmente, la diputada ha denunciado las cesiones del gobierno regional a "un lobby integrista que no busca garantizar el derecho a la objeción, sino impedir ejercer derechos" y que "coloca a médicos con una orientación muy definida en posiciones clave". "Cuando una minoría integrista impone sus creencias al resto y lo hace por encima de la ley", asegura Marín, "no puede hablarse de objeción de conciencia, sino de fanatismo puro y duro, un fanatismo amparado por el gobierno de López Miras".