Tras más de un año de ausencia, esta mañana se ha producido la comparecencia en la Asamblea Regional de la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la vicepresidenta Isabel Franco, para explicar la parte del proyecto de presupuestos regionales que afecta a los departamentos que dirige. Sin embargo, ha sido la portavoz de Podemos, María Marín, quien realmente ha dado cuenta de las principales partidas de estas áreas, ya que, tal y como ha explicado "son fondos que llegan a la Región de Murcia gracias a las transferencias aprobadas por el Gobierno de España".
Marín ha desglosado las principales inversiones del Estado, procedentes fundamentalmente de los Ministerios de Unidas Podemos, "que constituyen la base del aumento del presupuesto de la Consejería". Entre estas partidas, la portavoz ha destacado los más de 800.000 euros que el Gobierno de España destinará a la protección de menores, los 482.974 euros del Plan España Te Protege Contra la Violencia Machista, "para atender a las víctimas de violencia sexual con un centro que funcionará las 24 horas" o los más de 7 millones de euros del Plan Corresponsables lanzado por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad "para favorecer la conciliación y crear empleo de calidad en el sector de los cuidados". En el ámbito de los servicios sociales, Marín ha destacado los 3 millones de euros que el gobierno central destinará del fondo Covid "para reforzar los servicios de atención primaria en servicios sociales", los 2 millones de euros de este mismo fondo "para ayudas de emergencia social" y los casi 2 millones de euros que el Gobierno de España envía a la Región de Murcia "para cubrir los gastos de material de protección frente a la covid en residencias y otras administraciones públicas".
En cuanto a la gestión que desde Política Social se ha desarrollado respecto a las residencias, Marín ha reprochado a la Consejera que no haya tenido "ni una palabra para los familiares de fallecidos", después de "bloquear la comisión de investigación solicitada por Podemos y exigida por la sociedad en la marea de residencias". También ha censurado el recorte de 1,9 millones de euros en la partida de la Renta de Inserción Básica, "un recorte efectuado en los presupuestos de 2020 que este año se mantiene". Frente a ello, Marín ha puesto en valor el Ingreso Mínimo Vital, que "a pesar de las críticas y trabas del Gobierno regional, ya ha llegado a más de 8.000 familias en menos de un año, mientras que la Renta de Inserción de la Consejería de Igualdad nunca llegó a alcanzar el umbral de las 6.000 familias, pese a llevar más de una década implantado"
En lo que respecta a política LGBTI, la portavoz de Podemos ha tildado de "vergüenza" que una vez más se incluya en los presupuestos que "está pendiente el observatorio que recogía la ley aprobada hace cuatro años". Marín ha criticado que aún no se haya puesto en marcha nada de lo que recoge la ley LGBTI de la Región de Murcia, "en un momento en el que además se están incrementando los casos de acoso lgtbifobico en nuestra Comunidad Autónoma". Para la diputada morada, la acción política LGTBI que ha realizado Franco hasta el momento "se resume en poner unas letras de colorines en la fachada de su despacho". Por ello, ha acusado a la consejera de "ejercer de pinkwashing", al revestir "con arcoíris vacíos de contenido y en blanco y negro a un gobierno ultraderechista, corrupto y plagado de tránsfugas, que impone una agenda de censura parental y de ritos paganos en playas en lugar de matrimonios para las personas homosexuales".
Frente a esta "política de fachada", Marín ha contrapuesto la enorme tarea que queda por desarrollar en materia LGBTI y ha apostado por "establecer políticas que combatan realmente la discriminación, poner recursos públicos a disposición de los jóvenes que sufren acoso por su orientación sexual o identidad de género y llevar el respeto a la diversidad a las escuelas". La diputada ha recordado que, a pesar de lo que puedan opinar los compañeros ultraderechistas del Gobierno Regional, "la defensa de los derechos LGBTI, de la igualdad entre hombres y mujeres, o de la no discriminación en función de la procedencia geográfica, es la defensa de los derechos humanos a los que cualquier sociedad democrática debe aspirar". "Las instituciones están para que cualquier persona, independientemente de su género, procedencia, religión, orientación sexual o identidad de género, tenga garantizado que puede vivir libre y con dignidad. Eso defiende nuestra Constitución, aunque ustedes, a base de nombrarla, han decidido que pueden ignorarla", ha concluido Marín.