La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Toñi Abenza ha defendido que la custodia compartida tiene que ser un instrumento jurídico para proteger a los menores y no vulnerar sus derechos. "Estamos a favor de la custodia compartida como medida deseable, pero no establecida de manera preferente por la ley y sin las imposiciones que tanto le gustan a Vox".
En este sentido, ha criticado que sea la ultraderecha la que marque el calendario de las comisiones en la Asamblea Regional desde que se conformó el gobierno tránsfuga, dándole prioridad a las propuestas de Vox, como la iniciativa legislativa que pide la modificación del Código Civil para que la custodia compartida de menores sea el régimen preferente en caso de divorcio.
La diputada socialista ha recordado que fue el Gobierno de Zapatero el que en 2005 reguló una custodia compartida en la que primara el interés del menor y que se hiciera de mutuo acuerdo de los padres.
"En España ya hay suficientes menores bajo custodia compartida, como para evaluar los efectos que ha tenido este régimen. Los intereses de los padres y madres no siempre benefician al menor. Un ejemplo de ello lo tenemos en Aragón, que hace un año cerró la puerta a la custodia compartida preferente", ha señalado.
Además, ha indicado que en 2017 una de cada tres separaciones acabó en custodia compartida, el 30,2 por ciento, casi el triple que hace 10 años, según el INE. "Esto demuestra el cambio social que se está produciendo y que las parejas que ejercen la corresponsabilidad cuando están unidas, también lo hacen cuando están separadas sin que ninguna norma les obligue preferentemente a ello."
Finalmente, ha explicado que la custodia compartida es lo ideal en una sociedad igualitaria. "Pero esta sociedad igualitaria no existe en la Región de Murcia, con una brecha salarial de casi el 25 por ciento y en la que las mujeres siguen siendo las que atienden a los hijos y tienen que renunciar a su carrera profesional para ello".
"El PSOE quiere que existan todos los instrumentos legales en igualdad de condiciones en aras del interés del menor, para que los jueces puedan valorar los casos de las familias y decidir la opción más necesaria para proteger y salvaguardar el interés y los derechos de los menores", ha concluido.