Ciudadanos ha exigido este viernes que el Gobierno regional tome las medidas necesarias para acabar con el abuso de la temporalidad en la Administración pública con el fin de dar estabilidad a los miles de interinos que desempeñan su labor en la Región, más de 15.000: 7.000 del Servicio Murciano de Salud, 6.000 en Educación y 1.600 de Administración y servicios. Además, hay que añadir cientos de trabajadores eventuales en los Ayuntamientos.

“Es insostenible que haya más de 15.000 interinos en nuestra Región. Es absolutamente necesario dar estabilidad a esos trabajadores que vienen desempeñando su labor en las distintas administraciones”, ha señalado Juan José Molina. “Hablamos de funcionarios que trabajan en puestos estructurales, es decir, necesarios para que la administración funcione, y que son contratados de manera eventual durante años de forma fraudulenta”.

De esta forma, ha señalado, se provoca una inestabilidad de futuro para miles de familias que nunca saben hasta cuándo van a durar sus contratos, o dónde van a tener que irse a trabajar el mes siguiente. “Desde Ciudadanos exigimos que el Gobierno regional tome las medidas necesarias para acabar con el abuso de la temporalidad en nuestras administraciones y, desde todos los ámbitos, se dé estabilidad a nuestros funcionarios”.

Molina ha recordado que la propia Unión Europea ya ha dado a España un serio correctivo sobre este asunto y ha marcado plazos muy cercanos para que los gobiernos central y regional acaben con la precariedad de estos contratos eventuales en las administraciones, de los vienen abusando desde hace casi una década debido a que la tasa de reposición entre 2012 y 2015 se quedó en el 0%.

“Supone un auténtico fraude y un abuso cuando la temporalidad en la interinidad debe ser excepcional. Sin embargo, es una práctica generalizada en la administración, cuando no debería superar el 8%”, ha señalado Molina.

En este sentido, Ciudadanos presentó en enero en el Congreso de los Diputados una  Proposición no de Ley para el establecimiento de sistemas específicos de inspección y régimen sancionador para las Administraciones que realicen conductas abusivas en materia de contratación pública, específicamente en la contratación sucesiva de personal temporal en fraude de ley.