La Cámara Alta aprueba una de las banderas de la formación naranja, que la ha defendido desde su llegada a la política regional en 2015

El Senado da luz verde hoy a la reforma del Estatuto de Autonomía que suprime la figura del aforamiento para el presidente y los miembros del Consejo de Gobierno. “Cumplimos así con nuestro compromiso de 2015 e impulsamos la igualdad, al suprimir un privilegio anacrónico que alejaba a los políticos de la ciudadanía”, ha afirmado el senador autonómico naranja, Miguel Sánchez, quien ha mostrado su satisfacción por “la culminación de una de las banderas de Ciudadanos, que no es otra que lograr un país de libres e iguales”. La mayoría de los grupos presentes en la Cámara Alta ha mostrado su apoyo a la reforma durante el turno de intervenciones, por lo que previsiblemente quedará aprobada.

La reforma deberá ser ratificada definitivamente en el Congreso de los Diputados, donde ya en octubre de 2020 se aprobó sin ningún voto en contra. La reforma llegó por vez primera al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo en septiembre de 2017 después de que la iniciativa de Ciudadanos recabara la unanimidad de la Asamblea Regional, pero las sucesivas convocatorias electorales la fueron retrasando. Murcia se suma así a Canarias en la supresión de los aforamientos, en la que también trabajan ya los parlamentos regionales de Cantabria y Baleares.

El portavoz del grupo parlamentario, Juan José Molina, quien ha defendido ya en dos ocasiones en las Cortes la reforma, ha remarcado que “el aforamiento era una figura que difícilmente podemos considerar de protección para los parlamentarios, sino más bien un privilegio que supone un sistema de justicia paralelo con unas instancias superiores a la que deben ser enviados los aforados cuando son investigados”. Este recurso a instancias como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia acaba suponiendo “un ataque a Montesquieu y la separación de poderes, porque sus miembros son elegidos el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son a su vez elegidos por los partidos políticos”. A su juicio, “se cierra así un círculo en el que los políticos acabamos eligiendo a los jueces que nos pueden juzgar, lo que supone que seguirá habiendo resistencias a ceder el control político sobre la designación de los jueces, como demuestran los hechos”.