Región

La Comunidad reivindica más medios para las aduanas ante el incremento en al menos un 50 por ciento de los controles a causa del "Brexit"

El consejero Luengo recuerda que el 62 por ciento de las exportaciones de la Región al Reino Unido son productos hortofrutícolas, que harán frente a nuevas exigencias fitosanitarias desde el 1 de abril

La preocupación del Gobierno regional y del sector por las trabas a la exportación de productos agroalimentarios al Reino Unido, en especial en asuntos como los controles fitosanitarios o el refuerzo de medios en las aduanas, han centrado la visita del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, a la Aduana de Murcia, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad.

"He pedido en varias ocasiones al ministro de Agricultura el refuerzo del personal de las aduanas para poder atender el incremento de trámites administrativos que va a sufrir el exportador de frutas y verduras, y el Ministerio no nos ha respondido. Por eso, insistimos en la necesidad de respaldar al sector y a la Cámara de Comercio en sus reivindicaciones, dando visibilidad a un problema que puede repercutir muy negativamente en nuestras exportaciones, y en particular en las hortofrutícolas" afirmó Luengo.

El consejero explicó que "el 62 por ciento de toda la exportación de la Región de Murcia al Reino Unido son productos hortofrutícolas, que entre enero y octubre de 2020, últimos datos de que disponemos, supuso 480,8 millones de euros, del total de 770,9 millones de euros de nuestras exportaciones. Por ello, cualquier impedimento a este fluir de nuestros productos hacia el Reino Unido puede representar un serio perjuicio".

Entre las amenazas para las exportaciones está la aplicación de nuevos controles fitosanitarios con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. "A partir del 1 de abril afectarán a todas la frutas y hortalizas, salvo cítricos, que tendrán que ir acompañadas de un certificado fitosanitario y un sistema de prenotificacion en destino, y desde el 1 de julio se producirá una intensificación de los controles", subrayó Luengo.

El responsable de Agricultura de la Comunidad Autónoma especificó que con estas medidas "se va a producir el incremento de los controles en aduana, tanto en origen como en destino, y eso es algo que es imposible afrontar con el personal autonómico, y del Ministerio, con que contamos actualmente. De hecho, ya se nos ha informado de que el incremento de los controles será superior al 50 por ciento de los que actualmente se realizan".

"Por eso, hemos venido reclamando, y lo haremos cuantas veces sea preciso, un plan claro y transparente que permita compensar a los sectores más afectados por el Brexit, porque aún son muchas las incertidumbres para nuestros productores, exportadores, transportistas o empresas, y las amenazas para un sector tan importante y para el conjunto de nuestra economía", señaló Luengo, a la vez que volvió a insistir en "la necesidad de una mesa del Ministerio con las autonomías más afectadas para clarificar muchas cosas y buscar soluciones a los problemas que se están generando".

Cabe recordar que la Aduana de Murcia (MurciaAduana), gestionada por la Cámara de Comercio de Murcia, se instaló en el Centro Integrado de Transportes en 2009, y que en sus tareas aduaneras participan también la Guardia Civil, el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal Tributaria, el Servicio de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los servicios de Sanidad Exterior y de Calidad Comercial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Otras reivindicaciones del sector

Luengo recordó también "la extrema necesidad de que el Estado agilice la aplicación del reconocimiento mutuo de productos fitosanitarios, debido al perjuicio que el retraso en su aplicación está ocasionando al sector agrario regional".

"Debemos recordar que cuando un estado miembro de la Unión Europea autoriza un producto fitosanitario para su uso en la agricultura, cualquier otro estado debe autorizarlo en un plazo máximo de 180 días. Sin embargo, España tarda mucho tiempo en realizar este trámite, ya que el Ministerio de Sanidad incumple con los plazos establecidos en la legislación europea", explicó, "lo que implica un retraso fatal para nuestros productores, que se ven claramente perjudicados por disponer de menos productos fitosanitarios y padecer mayores pérdidas de producción por la presencia de organismos nocivos, lo que genera un descenso en la competitividad respecto a otros estados miembros".

Junto a ello, el consejero demandó al Estado "que refuerce el cumplimiento de los acuerdos con terceros países para evitar la entrada en España de producto agroalimentario que no cumpla con los medidas fitosanitarias establecidas, como única garantía de igualdad de oportunidades y exigencias".

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