Más de 1.300 personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional son atendidas actualmente en la Región de Murcia a través del Sistema de Acogida Nacional (650 hombres, 366 mujeres y algo más de 300 niños), según se informó en la Comisión de Coordinación en esta materia, presidida por el director general de Servicios Sociales y Tercer Sector y secretario general de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Antonio Sánchez.
En la videoconferencia, celebrada ayer, participaron representantes de distintos departamentos de la Comunidad (Instituto Murciano de Acción Social, Servicio Murciano de Salud, Servicio de Empleo y Formación, Dirección General de Vivienda y Dirección General de Innovación educativa a Atención a la Diversidad), de ayuntamientos, de Policía Nacional encargada de la tramitación de las solicitudes de protección internacional y de entidades del Tercer Sector de Acción Social.
En el encuentro se trataron los problemas a los que se enfrenta este colectivo, como el acceso al sistema de salud, la vivienda y los servicios de formación, orientación e inserción laboral, la Renta Básica de Inserción o la tramitación del Certificado de Exclusión Social. Asimismo, se analizó la dificultad de apertura de cuentas bancarias, la protección para víctimas de violencia de género, la formación de los funcionarios de servicios sociales en esta materia y la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.
Por otro lado, se abordó el Marco estratégico de coordinación necesario para vertebrar las actuaciones de las distintas instituciones y entidades con el objetivo de promover y mejorar la acogida e integración de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional en la Región y se aportaron diversas soluciones a los problemas de acceso a los sistemas de protección social, y decisiones en materia de coordinación para garantizar la protección de las personas acogidas por el sistema de protección internacional.
A ello se añadieron cuestiones derivadas de la Covid-19 en cuanto al acceso a los sistemas de protección, además de las dificultades laborales y las consecuencias económicas y sociales que la pandemia está ocasionando a estas personas que ya partían de una situación de vulnerabilidad.