"Esta responsabilidad es de la Comunidad Autónoma, por lo que es urgente y necesaria una ley regional, la misma que el PP rechazó en la Asamblea el 9 de diciembre"
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Dolores Martínez Pay ha lamentado que el Gobierno regional haya decidido envenenar el aire que respira la ciudadanía de la Región de Murcia, al rechazar el proyecto de ley de gestión de residuos agrícolas que presentó el PSOE en la Asamblea Regional.
Ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista presentó esta iniciativa el pasado 9 de diciembre en la Asamblea para solucionar un problema que durante muchos años los gobiernos del PP llevan obviando, a pesar de las graves consecuencias que supone esta actividad para la salud y el medio ambiente.
Martínez Pay ha indicado que la única solución que propuso el Ejecutivo regional fue una orden de medidas urgentes relacionada con las quemas de podas agrícolas, vinculada al estado de alarma y que prorrogó hasta en dos ocasiones.
Pero, ha aclarado que una orden no tiene rango suficiente, y además de no solucionar nada, el Gobierno regional dejó a los ayuntamientos la responsabilidad en una materia en la que no tienen competencias, porque los únicos que pueden autorizar quemas son los agentes medioambientales, dependientes de la Comunidad Autónoma.
"La pandemia ha servido de excusa al Gobierno regional para llevar a cabo en materia legislativa una regresión ambiental en la Región de Murcia. Esta orden del 5 de mayo deja muchas lagunas y no abarca la importancia y gravedad del problema. Necesitamos una ley seria rigurosa", ha señalado.
La diputada socialista ha destacado que los resultados científicos demuestran que la contaminación atmosférica es un factor que aumenta el riesgo de mortalidad por Covid 19 y multiplica por cinco el riesgo de infartos cerebrales. "Pero el Gobierno regional mira para otro lado y deja que respiremos aire contaminado. ¿Dónde están las políticas de protección de la salud medioambiental en la Región de Murcia?"
Además, ha remarcado que los agricultores necesitan seguridad jurídica con una normativa sólida, clara y con rango suficiente desde el punto de vista legal para solucionar realmente este grave problema.
Ha añadido que la legislación básica estatal considera la quema como una actividad potencialmente contaminante y que la Comunidad Autónoma es la competente en los tres ámbitos que confluye este problema: agricultura, medio ambiente y sanidad.
"Los ayuntamientos no tienen competencia para autorizar las quemas agrícolas, las funciones de los municipios se limitan al casco urbano, por lo que es urgente y necesaria una ley regional, la misma que el PP rechazó en la Asamblea el pasado 9 de diciembre", ha concluido Martínez Pay.