El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado con los votos PP, Ciudadanos y Vox una iniciativa que exige al Gobierno de España, a que "aplique las medidas necesarias para eliminar los fondeos no autorizados, y a localizar y eliminar aquellos ilegales que afectan negativamente al ecosistema del Mar Menor".

La moción del Partido Popular, ha incorporado una enmienda de adición de Vox en la que se insta al Ejecutivo de la nación que "instale pantalanes y fondeadores inocuos al ecosistema que permita fondear a las pequeñas emcarbaciones que carecen de puntos de amarre". De hecho, ya se han instalado en Isla Grosa, y está prevista la instalación también en la Isla del Barón y en la Perdiguera, como zonas protegidas pos sus valores naturales, según ha informado Mata.

Durante su intervención, el diputado regional del PP ha acusado al Gobierno de Sánchez de"sacudirse las pulgas" y "eludir responsabilidades". Y ha dejado claro que la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante atribuye al ministerio de Fomento la competencia "para la remoción de embarcaciones hundidas fuera de las aguas portuarias, cuando constituyan un riesgo grave para las personas o para los bienes o para el medio ambiente".

El diputado 'popular' ha sido crítico con la actuación del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el murciano, Pedro Saura que, durante dos años, "no movió un solo dedo, ni una sola embarcación retirada, a pesar de tener las competencias", obiviando los continúos requerimientos del Gobierno regional. Y ha calificado de "tomadura de pelo", el convenio propuesto por el ministerio de Fomento al Gobierno regional en el que la comunidad autónoma asume de forma subsidiaria la retirada de las embarcaciones ilegales, cuando no la lleva a cabo su propietario.

El diputado popular ha afirmado que "ante la pasividad de Pedro Saura ha sido la consejería quien ha asumido las labores de inspección con técnicos propios, y contratando a equipos de buceo para identificar los barcos hundidos, y especialistas en arqueología porque algunos se encuentran en zonas protegidas". Ha incidido en que "los gastos se asumen íntegramente por la Comunidad Autónoma de Murcia".

Por esa razón, la moción ha añadido otra resolución en la que se demanda al Gobierno de España a que transfiera al Gobierno regional "los recrusos económicos obntenidos de los procedimientos sancionadores y de cobro de las ejecuciones subsidiarias como medio para sufrgar los costes relativos a las actividades recogidas en el convenio, atendiendo al principio de colaboración interadministrastiva".