El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha anunciado esta mañana que su formación ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional recursos contra cuatro de los decretos y leyes que el Gobierno regional aprobó durante la primera ola de la pandemia. Se trata de dos decretos y dos leyes, impulsados por López Miras en pleno confinamiento domiciliario y que bajo el título de "medidas para la mitigación del impacto socioeconómico de la covid-19" escondían, según Sánchez Serna, la "eliminación de un plumazo de garantías esenciales de protección del medio ambiente y de prevención del urbanismo salvaje". Unas garantías, que tal y cómo ha explicado el líder regional de Podemos, "se imponen en la legislación básica estatal y que son de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas".
Sánchez Serna ha asegurado que no es la primera vez que el Gobierno regional "intenta desmontar la protección ambiental y de ordenación urbanística de nuestra legislación". El diputado afirma que desde el Partido Popular "lo intentaron con la Ley de Aceleración Empresarial en 2018" -ley que desde Podemos también llevaron al Tribunal Constitucional, que dio la razón al grueso de sus argumentos el pasado mes de diciembre- y posteriormente, con la creación de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente, "el famoso ARCA, que rechazaron los propios servicios jurídicos de la Asamblea Regional". De esta forma, para Podemos, los "decretazos de abril" suponen "el último paso del plan que siempre ha tenido el PP y las élites económicas que le acompañan" consistente en "volver al pelotazo urbanístico y a la más absoluta desprotección ambiental".
El coordinador autonómico de Podemos ha repasado los principales motivos que han llevado a su formación a recurrir al más alto tribunal para que restablezca la protección del entorno natural. En primer lugar, con los decretos y leyes aprobados se pone fin al requisito de evaluación ambiental en numerosos proyectos de planeamiento urbanístico, algo que contraviene la Ley de Evaluación Ambiental estatal. Por otra parte, se abre la puerta a la realización de obras en edificaciones calificadas como patrimonio cultural, sin los preceptivos informes de viabilidad, "algo que también es incompatible con la Ley de Patrimonio estatal". En tercer lugar, denuncian "la asignación a los ayuntamientos de las competencias para el planeamiento territorial y urbanístico de sus playas, pese a ser una competencia exclusiva autonómica". Como último punto, Sánchez Serna ha destacado que "estamos antes una legislación que duplica, pasando del 15 al 30%, el porcentaje de incremento de emisiones, vertidos o residuos de un proyecto o de una explotación".
Por último, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha explicado que, además de los motivos de fondo para poner en duda la constitucionalidad de unos decretos y leyes que colisionan con, al menos, cinco leyes de ámbito superior (Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Transparencia, Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley estatal de evaluación ambiental y Ley de Patrimonio), existen defectos en la forma en la que se han tramitado. De esta manera, Sánchez Serna ha denunciado que, a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía "señala claramente que la aprobación de un decreto debe ceñirse a causas extraordinarias y de urgente necesidad, que tienen que ser recogidas además en la exposición de motivos del texto publicado, nadie ha explicado por qué estas medidas impuestas por decreto-ley no podían demorarse dos o tres meses, siendo un disparate que se intente asociar la crisis de la COVID-19 con la necesidad de eliminar de un día para otro garantías de protección ambiental". "Estamos, por tanto, ante un auténtico disparate legal, un atentado contra las garantías medioambientales, urbanísticas y de ordenación del territorio más básicas. No tenemos ninguna duda de que el Tribunal Constitucional va a admitir estos recursos y esperamos, que más pronto que tarde, nos dé la razón y tumbe esta chapuza del Gobierno regional de López Miras" ha concluido Sánchez Serna.