La Consejería se niega a afrontar la necesidad de revertir los recortes que vienen deteriorando la Educación murciana, así como el modelo de acceso a la función docente, y la oferta de empleo público que ha presentado es una clara prueba de ello.
La Consejería de Educación ha presentado en la Mesa Sectorial de este martes 24 de noviembre una oferta de plazas para Secundaria y Formación Profesional con un total de 828 plazas que no contempla ningún compromiso por parte de la administración de garantizar la estabilidad del profesorado interino ni de reducir, de cara al curso que viene, la jornada lectiva del colectivo docente, que siguen teniendo 21 horas lectivas semanales en secundaria, y 25 en primaria, en la práctica totalidad de las jornadas completas. Si se redujeran a las 18 y 23 que ya el Ministerio aprobó hace tiempo, sin ningún cambio de posicionamiento en la Región de Murcia, y con las que por el contrario ya cuentan en muchos territorios del Estado, podrían ampliarse los cupos docentes.
Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, señalan que si además se añade a la ecuación el hecho de que las ratios siguen sin reducirse, impidiendo la adaptación y el trato personalizado que cualquier estudiante debería tener derecho a recibir, la plantilla necesitaría muchos más docentes para poder crear esas nuevas líneas en los centros.
La suma de la bajada a 18 y 23 horas y la disminución de las ratios sí arrojaría la oferta de empleo docente que la Región necesita, con una cantidad de plazas que de verdad supusieran una consolidación del empleo interino, tan castigado por la amplísima parcialidad (parcialidad que tampoco contabiliza la administración en su propuesta), y no lo que es ahora: una mera cobertura de personal jubilado, que es en lo que encubiertamente se ha convertido.
José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, insiste "una vez más al Gobierno Regional que revierta los recortes educativos que se llevan sufriendo desde hace más de una década y que otras Comunidades Autónomas han revertido para afrontar en mejores condiciones situaciones como las generadas por la pandemia. Además, las distintas administraciones, estatal y regional, deben desarrollar el marco normativo que permita un Acceso Diferenciado en las oposiciones, unas oposiciones del siglo XXI, para que el profesorado interino opte a las plazas que ya ocupan y el de nuevo ingreso a las plazas de nueva creación o a las jubilaciones. De esta forma, se podría avanzar en el cumplimiento de la sentencia del 19 de marzo del Tribunal de Justicia de la UE que concluye que ha habido abuso en la contratación del personal interino que ha concatenado contratos durante más de tres años y se acabaría de este modo con un modelo totalmente injusto".
En este sentido, desde el sindicato insisten que, es imposible, separar las plazas de una oferta de empleo de las normas con las que esta oferta se desarrollará y que actualmente no permiten ni sancionar el abuso de la interinidad, ni dar una mayor estabilidad al profesorado interino ni reducir de una manera real y efectiva las tasas de interinidad.
Además de eso, la Consejería no contabiliza las plazas bilingües a la hora de hacer sus cuentas, por lo que este sistema de enseñanza en inglés que tanto se promueve desde la administración y que en nuestra Región no ha sido implantado con efectividad ni ha demostrado resultados reales, además penaliza a las docentes, poniendo en su contra las cuentas matemáticas. Si las plazas bilingües y las no bilingües se contabilizaran juntas, como debería, no les quedaría otra que reconocer que la oferta que proponen se aleja mucho de ser, incluso, la mínima necesaria para cubrir a los que dejan el puesto por los que entran.
Por este motivo, STERM se lamenta una vez más de que la administración esté tan alejada de la realidad y de las necesidades que tiene el sistema educativo regional, asumiendo una gestión política de la educación economicista y a corto plazo, con un profesorado saturado a causa de una enorme carga de trabajo - derivada no solo del exceso de horas lectivas y de las ratios excesivas sino también de la falta de planificación de la Consejería en numerosas ocasiones- cuyas principales consecuencias pagarán no solo las y los trabajadores, sino sobre todo las víctimas de un sistema educativo que no las cuida, que no las protege ni les da las herramientas suficientes que necesitarán en un futuro para poder desenvolverse: el alumnado.