Ante la iniciativa promovida por el Gobierno de López Miras para que el aeropuerto de Corvera pase a denominarse Ingeniero Juan de la Cierva, el diputado de Unidas Podemos por Murcia en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha reiterado la oposición de su formación a "un caso claro de incumplimiento de la ley de Memoria Histórica". Sánchez Serna ha explicado que desde Unidas Podemos no niegan que De la Cierva "fuese un gran ingeniero o aviador", pero recuerdan que además de en esas facetas, también destacó por ser "un colaborador clave en el golpe de Estado del 18 de julio de 1936", ya que fue quien asesoró a los sublevados en el alquiler de un avión, el Dragon Rapide, que habría de llevar a Franco desde Canarias hasta Tetuán para tomar el control de las tropas del norte de África, "hecho fundamental que aseguró el éxito del golpe". El papel del ingeniero murciano fue de tal importancia que, tal y como señalan prestigiosos historiadores como Ángel Viñas en su libro La conspiración del general Francisco Franco, los sediciosos le llegaron a proponer formar parte de una comisión para la adquisición de aviones a la Italia fascista de Mussolini con destino a las fuerzas golpistas sublevadas.

Por todo ello, Sánchez Serna ha asegurado que el Partido Popular y Ciudadanos "llevan mal cumplir con la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 explicita que las administraciones públicas no promoverán menciones individuales o colectivas de la sublevación militar franquista". De esta forma, el diputado de Unidas Podemos ha mostrado su apoyo a la propuesta de la Federación de Asociaciones Históricas de la Región de Murcia, que solicitó al presidente consejero de Aena, Maurici Lucena, que no autorice la denominación Juan de la Cierva al aeropuerto.

Por su parte, el Coordinador Regional de IU-Verdes, José Luís Álvarez-Castellanos, ha resaltado la enorme contradicción existente entre la iniciativa del gobierno regional, apoyada por Vox y Ciudadanos, para renombrar el aeropuerto con el nombre de Juan de la Cierva, y el obligado cumplimiento de los preceptos recogidos en la vigente ley de Memoria Histórica. Para Álvarez-Castellanos se trata de "una cuestión clave para defender la memoria democrática", ya que "continuar homenajeando a quienes formaron parte del golpe de estado y de la dictadura franquista, es una humillación a todas las víctimas del régimen y habla muy mal de la calidad de nuestra democracia".