Las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción han vuelto a denunciar la inutilidad del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), convocada para el día de hoy y en la que no participarán, en manos de un Gobierno Regional que lleva años despreciando el cumplimiento de las leyes de Medio Ambiente y su regulación, protección y gestión.

Para las organizaciones, la realidad de los hechos habla por sí misma:

En los más de 20 años de sucesivos gobiernos del Partido Popular, la obligación de reunir cuatro veces al año este órgano consultivo y de participación social, no se ha producido prácticamente nunca, y en numerosas ocasiones ha pasado más de 1 año entre una reunión y otra, incumpliendo reiteradamente la obligación legal de consultar al CARMA los presupuestos regionales en materia de Medio Ambiente.

Tanto ANSE como Ecologistas en Acción han manifestado que, aunque llevan años preocupados por la falta de interés del Gobierno Regional en materia de Medio Ambiente, nos encontramos ante el peor equipo de gobierno en cuanto a políticas ambientales se refiere que haya existido durante la democracia, y eso tiene su reflejo en el principal órgano consultivo a nivel regional en la materia.

Por un lado, el propio funcionamiento del CARMA se ha quedado en un mero acto de propaganda: tanto la composición (con excesivo peso de la administración y las agrupaciones empresariales), como los temas que se llevan están alejados de la realidad de la problemática ambiental regional.

Por ejemplo, en plena crisis ecológica del Mar Menor, no ha existido una información o consulta seria al Consejo Asesor. Tampoco se ha informado o consultado sobre la actual crisis climática, o por la amenaza real que supone la enorme pérdida de biodiversidad de nuestros ecosistemas (debido principalmente a la destrucción de hábitats y la entrada de especies invasoras, a lo que se suman los efectos del Cambio Climático).

El Consejo Asesor de hoy se convoca para tratar un único asunto, la aprobación de un pequeño Espacio Protegido, mientras llevamos años incumpliendo la obligación legal de aprobar numerosos Planes de Gestión de fauna y flora amenazada, de aprobación de los PORN y PRUG de muchos Espacios Naturales Protegidos de gran importancia para la Región y sobre los que existe una enorme presión, de aprobación de los planes de gestión de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 (los LIC y ZEPA), cuyo retraso podría conllevar una sanción de la Unión Europea…

Por otro lado, el Gobierno Regional ha realizado numerosas modificaciones legales de gran calado en Medio Ambiente, pero ninguna ha pasado por el CARMA, ya que se ha realizado vía Decreto-Ley escudándose en la urgencia para eludir el debate y la participación social, y el dictamen preceptivo de órganos consultivos como el CARMA.

Las últimas, recuerdan, han sido la Ley de Protección del Mar Menor, y las modificaciones de la Ley de Puertos, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda y la Ley de Protección Ambiental Integrada, con la excusa de la covid19.

El Gobierno Regional de coalición entre PP y C’s ha demostrado ser el más anti-ambientalista de las últimas dos décadas, desmantelando parte de la estructura y medios para la gestión y conservación del Medio Ambiente y aumentando la desregulación, evitando a toda costa la planificación de la gestión ambiental.

Por ello, tanto ANSE como Ecologistas en Acción se niegan a acudir a este teatro, e instan al gobierno regional a establecer inmediatamente un calendario serio y realista, a dos años vista, en el que se programe la presentación al CARMA y posterior aprobación oficial y definitiva de todos los planes de Fauna y Flora, los PORN, los PRUG y los Planes de Gestión de la Red Natura que quedan por aprobarse, para que en 2022 no quede ningún plan pendiente, y se pongan en marcha todas las Estrategias aprobadas o en trámite para la Conservación de la biodiversidad, estrategia forestal, contra el cambio climático, de educación ambiental, etc.

Al mismo tiempo, exigen que cese el desmantelamiento del departamento de Medio Ambiente y que se establezca una consejería independiente, dotada de medios humanos y económicos suficientes para desarrollar sus funciones.