Desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana, STERM Intersindical, denuncian la absoluta falta de transparencia en la gestión de la incidencia de la COVID-19 en los centros educativos públicos. Desde el sindicato han insistido desde el primer momento en la necesidad de crear un grupo de trabajo con representantes de la Consejería de Educación y de las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial donde se pudiese llevar a cabo un seguimiento de la situación de manera regular y periódica.

José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, señala que "la única información 'oficial' es la que se da a través de los medios de comunicación de manera genérica. Esta ocultación de los datos concretos no es casual. Responde al objetivo de impedir que se pueda hacer una labor de control y seguimiento exhaustivo de la situación para evitar y obstaculizar así una lectura más realista de las cifras".

El sindicato señala que en algunos centros de la Región las cifras de alumnado y profesorado contagiado quintuplican las cifras oficiales vertidas por la administración e insiste en que no se están llevando a cabo todas las PCR y pruebas serológicas que sería conveniente realizar siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en un claro intento de reducir los casos positivos detectados. Fernández deja claro que "si no cierran colegios es porque no quieren asumir el coste político, no quieren admitir que no están dando respuestas a las demandas de la comunidad educativa y en muchas ocasiones los criterios adoptados son difícilmente justificables, como el que determina quién es considerado contacto estrecho y quién no".

Fernández insiste en que "Educación no tiene interés en publicar datos para no demostrar su incompetencia en la gestión de la pandemia respecto a las medidas adoptadas en contra de las demandas de sectores muy importantes de la comunidad educativa". Una vez más, desde STERM Intersindical, apelan a la necesidad de implementar nuevas medidas que garanticen el derecho a la educación presencial sin poner por ello en peligro la salud del profesorado y del alumnado en las aulas, para lo cual es fundamental aplicar una bajada de ratios, aumentar en materiales de protección y aparatos de filtrado y ventilación, además de un considerable aumento en las plantillas de profesorado.