Ante la insuficiencia de las enmiendas aceptadas por el PSOE en la fase previa al debate parlamentario de la nueva Ley Educativa, el 23 de septiembre se han presentado enmiendas propias a la misma que responden a nuestra posición programática y compromisos con la comunidad educativa en defensa de una educación pública, laica e inclusiva, aunque se espera desde UP seguir negociando con el PSOE en el trámite de la ponencia para que las acepten.

Entre ellas destacan eliminar las referencias a ‘libre elección de centro’ como supuesto ‘derecho’ y como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros; asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva; destinar el suelo público sólo para construcción de centros públicos; reducir las ratios a un máximo de 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en post obligatorias; sacar la religión de horario lectivo hasta que se deroguen los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones religiosas; así como establecer el carácter subsidiario de los conciertos, que solo se mantendrán temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública, y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias.

 La voluntad inicial de ambos socios del actual gobierno de progreso era enmendar conjuntamente el texto presentado en solitario por el PSOE, al final de su anterior mandato, tras la correspondiente negociación de enmiendas. Pero, tras ocho meses de negociaciones, las propuestas de Unidas Podemos que el PSOE ha estado dispuesto a incorporar al texto legal son muy limitadas y las consideramos claramente insuficientes, por estar demasiado alejadas del modelo de educación pública y laica que IU viene defendiendo desde hace décadas en sus programas electorales y en cuantos foros educativos y sociales tenemos ocasión de participar y compartir con la comunidad educativa.

A nuestro entender, la LOMLOE tiene sin duda algunos aspectos positivos, empezando por la derogación de la nefasta LOMCE del PP, cosa que era y es un compromiso asumido por el propio PSOE (tras su aprobación en 2013), junto con el resto de las fuerzas parlamentarias existentes en ese momento. No obstante, en conjunto, el proyecto de Ley presentado y las enmiendas admitidas no suponen un avance en aspectos que nos parecen cruciales, como la reversión de la privatización educativa mediante una doble red financiada con fondos públicos; lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, es decir, en la mayor parte de los casos, un negocio educativo mayoritariamente en manos de la jerarquía católica, que es además una constatada vía de segregación escolar, cuando no de prácticas corruptas, como demuestra el caso Púnica. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, que fue aprobada por mayoría.

Hay otros muchos aspectos en la LOMLOE que tampoco encajan en nuestro modelo educativo (sobre ratios de alumnado por aula, financiación suficiente, formación inicial y cuerpo único de profesorado, democratización real del funcionamiento escolar...). Por todo ello se ha considerado necesario desde Izquierda Unida plantear al grupo parlamentario de Unidas Podemos la necesidad de presentar una serie de enmiendas propias a la LOMLOE, en coherencia con nuestros planteamientos programáticos y nuestros compromisos con la comunidad educativa y las organizaciones que la representan en la defensa de una educación pública, laica, democrática e inclusiva. Así se aprobó en la última Asamblea Político y Social de Izquierda Unida, celebrada el pasado día 20 de septiembre.

De ahí que el 23 de septiembre de 2020, el Portavoz Parlamentario del Grupo Confederal de Unidas Podemos En Comú Podem Galicia En Común, el Diputado Enrique Santiago Romero, registrara por escrito en el Congreso de los Diputados y Diputadas enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (121/000007) que adjuntamos y cuyos ejes principales al articulado se refieren a:

1.   Eliminar las referencias a libre elección de centro como supuesto ‘derecho’ y/o como criterio para la escolarización y planificación de la red de centros. No cabe aceptar, ni está constitucionalmente recogida, la equiparación del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad con la manifestación de una preferencia particular, que solo debería ser atendida si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y la escolarización.

2.   Asegurar la suficiencia de la red pública de centros, mediante su extensión progresiva, para garantizar el mencionado derecho de todas y todos a la educación en condiciones de igualdad, que es lo que se desprende del artículo 27 de la CE. Especial atención y compromiso hay que asegurar respecto a la creación de plazas públicas de 0-3 años (según acuerdo programático del gobierno de coalición).

3.   Suelo público sólo para construcción de centros públicos. No se puede mantener la Disposición que ha permitido -gracias a la anterior ley de educación socialista (LOE)- ceder suelo público para la creación de centros privados (concertados de antemano), con el agravante de hacerlo en zonas donde no existían centros públicos o no eran suficiente. El caso Púnica es muy ilustrativo al respecto.

4.   Establecer el carácter subsidiario de los conciertos, es decir: las enseñanzas concertadas solo se mantendrán temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas por la red pública. Y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias. Aspecto este que ya se estableció en la LODE de 1985, ley en la que el PSOE reguló por primera vez los conciertos educativos. 

5.   Hasta tanto no se deroguen los acuerdos con la Iglesia católica y otras confesiones, hay que sacar la religión de horario lectivo. Esto es un compromiso del PSOE y por supuesto de Unidas Podemos, para respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es una anomalía y una vergüenza seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo, pagados con fondos públicos, que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno.  

6.   Elección democrática de dirección de centros por Consejo Escolar y composición más equilibrada y democrática del mismo. Fue la LOE del PSOE la que sustituyó dicha elección por una forma de ‘selección’, que en última instancia queda en manos de la administración.

7.   Ratios. Máximo 20 en enseñanzas obligatorias y 25 en post obligatorias. En educación infantil se aplicarán las ratios de referencia recomendadas por la red de atención a la infancia de la Comisión Europea, que son menores. No se trata solo de reducir la ratio en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado.

8.   Comisiones de escolarización permanentes. Para evitar una escolarización ‘a la carta’ por parte de los centros (especialmente los concertados). Lo venimos planteando sistemáticamente desde hace décadas como medio para garantizar una escolarización inclusiva y equitativa. 

9.   Exigir la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas. No se podrá concertar ni mantener concierto si se separa al alumnado por razón de sexo, o se discrimina por razón de creencias, origen cultural, económico, social...

10. Plantear la creación del cuerpo unificado de profesorado. También se trata de una reivindicación histórica que en la actualidad tiene aún más sentido y justificación, dado que ya quedó establecido el título de Grado como requisito imprescindible para el acceso a la función docente en todas las etapas educativas. 

11. Selectividad: Eliminar la prueba generalizada de acceso a estudios superiores. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, nuestra propuesta sólo contempla la existencia de algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras.

12. Repeticiones de curso: Eliminar la repetición en Primaria y reforzar su carácter excepcional en ESO, dotando de refuerzos y apoyos.. Todos los estudios al respecto ponen de manifiesto que la repetición de curso (hacer otra vez lo mismo) no es una respuesta pedagógicamente adecuada, y mucho menos en la educación primaria.

13. Sustituir evaluaciones censales (a todo el alumnado) por muestrales (a una muestra significativa) en Primaria y ESO. Para hacer un diagnóstico del funcionamiento del sistema educativo que permita mejorarlo no son precisas ni convenientes las evaluaciones a todo el alumnado de determinado nivel, que ya se realizan por su profesorado, sino a muestras significativas. Ello evita distorsiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y posibles/perversos rankings de centros

14. Financiación. Garantizar equiparación con media PIB de países UE en el periodo de aplicación de la Ley. El acuerdo de coalición (5% de PIB en 2025) ya nos parece insuficiente; pero al menos hay que recoger ese mínimo en la ley, atendiendo a su periodo de implantación.