Las resoluciones de las dos primeras denuncias interpuestas por el sindicato CGT, advertían a la empresa de la necesidad de adaptarse al nuevo marco jurídico de prevención de riesgos laborales surgido como consecuencia de la pandemia. La Inspección de Trabajo (IT) resalta la necesidad de realizar una evaluación de riesgo al conjunto de los/as trabajadores/as, debido a que la inexistencia de otro medio de pago que no sea el efectivo metálico, los convierte en personal de riesgo y se exige para ellos una protección similar a la de los propios sanitarios. Desde CGT recuerdan que un conductor realiza numerosos intercambios de efectivos durante toda una jornada laboral, en un autobús que actualmente puede portar entre parada y parada el 50% de su aforo máximo permitido. Del mismo modo se lleva conminando a la empresa desde el 5 de mayo de 2020, a que establezca un protocolo acorde a las circunstancias y previa realización del estudio de evaluación de riesgo, señalan desde el sindicato.

CGT denuncia que desde la empresa transportes de Murcia a penas se han tomado medidas para evitar los contagios por COVID-19. Entre las medidas adoptadas se encuentra la de entregar a cada conductor un par de guantes de látex extra gruesos, del formato que emplean los trabajadores de limpieza industrial, que además de impedirles llevar una correcta desinfección e higienización del puesto de trabajo, les impide el normal desarrollo de su labor diaria, entrañando un considerable riesgo para la conducción.

El Inspector de Trabajo en su 2ª advertencia de fecha 22/06/2020 dice entre otras advertencias  que se debe colocar una mampara de metacrilato (esta es la que tienen instaladas LAT) o cortina transparente. La empresa opta por la colocación de un plástico sujeto con cinta adhesiva que no reúne las condiciones de protección frente al COVID-19. La excepción son dos autobuses, a los que han puesto mamparas de metacrilato fijadas a la puerta del conductor/a, esta puerta se abre electrónicamente en el caso de fallar, el/la conductor/a se vería obligado/a a romperla para poder salir.

Desde el sindicato CGT añaden que a todo lo anterior, hay que sumar la aparición de dos casos de positivo entre los/as trabajadores/as de la empresa. En el primero de los casos, el 15 de agosto, la empresa lo comunicó al comité de seguridad y salud laboral, y en ausencia de cualquier protocolo anti-COVID que prevea estas situaciones, se limitó a rastrear entre los/as compañeros/as con los que el positivo había tomado contacto, en total 2, manifestando abiertamente su negativa a la realización de las pruebas PCR al resto del personal.

 En el  segundo caso, detectado solo 11 días después (26 de agosto), la empresa no comunicó nada en absoluto, teniendo conocimiento el Delegado de Prevención de CGT por medio de los propios trabajadores.

Se requirió formalmente a la empresa a que lo comunicase a las autoridades sanitarias, manifestando desde el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa que se encontraba de vacaciones hasta el 7 de septiembre.

Todo ello ha obligado al sindicato a acudir por tercera vez a la IT, denunciando el riesgo al que se expone cada día, no solo el conjunto de los trabajadores/as de la plantilla y sus familias, sino al conjunto de los/as usuarios/as del Servicio Público.

Desde CGT no cabe ninguna duda de que el responsable de esta UTE debe ser destituido.