Estamos en un escenario de deflación real, con índices negativos durante 4 meses seguidos, lo que implica la necesidad de políticas de impulso económico por parte de los distintos gobiernos.
Hoy el INE ha publicado los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondientes al mes de julio, que confirman una variación mensual a nivel nacional de -0,9% respecto del mes de junio, lo que sitúa su tasa anual en -0,6%. Este es el cuarto mes consecutivo que registra un IPC anual negativo, reflejando el impacto deflacionista de la pandemia COVID-19, como consecuencia del hundimiento del consumo que ha provocado, y que se ha producido en un escenario en el que ya la inflación era muy moderada, con tasas inferiores al 1%.
En la región de Murcia, el IPC cae más aún, llegando al 1,1%, por nuestra especial dependencia económica del sector turístico, vacacional y de la hostelería, lo que supone una caída del 1,8% en el porcentaje acumulado del añoy de medio punto respecto al mismo mes de 2019. Por grupos, los mayores descensos se produjeron en el grupo vestido y calzado (lo cual es entendible ya que ha coincidido con el periodo de rebajas), que bajó un 14,4%, y también en el de comunicaciones, con un -1,7; en tanto que la alimentación y bebidas no alcohólicas registró un -1,4, la hostelería un -0,4, el alcohol y tabaco (-0,2), al igual que el grupo otros, y menaje (-0,1).
Como novedad metodológica, en el mes de julio el INE ha vuelto a recoger presencialmente los precios, manteniéndose la recogida telemática solo en aquellos casos recomendados por seguridad sanitaria. Igualmente, se han abandonado métodos de estimación de precios aplicados durante el estado de alarma, ante la imposibilidad de la toma de muestras normal. No obstante, en julio se siguen publicando los Grupos especiales de bienes y servicios COVID-19, que pretenden recoger la evolución de los precios de los productos más consumidos en el período de confinamiento, y cuyas tasas anuales se han situado, respectivamente, en el 1,8%, y en el -2,9%.
Desde UGT, esperamos que la progresiva reactivación de la economía (siempre que el empeoramiento sanitario constatado en las últimas semanas no induzca nuevas medidas de paralización de la actividad) produzca una normalización del comportamiento de los precios, que deberían tender a recuperar tasas positivas, aunque muy moderadas, debido tanto al impacto de los persistentes bajos precios del petróleo (de gran peso sobre el conjunto de precios de los bienes energéticos) como de la necesidad de incentivar el consumo por parte de las empresas.
El escenario de baja inflación actual (deflación, en realidad, en estos momentos) es propicio para la puesta en marcha de las políticas de impulso económico que precisa nuestro país, y que requieren de la movilización de decenas de miles de millones de euros. Es el momento de fijar como objetivo primario la reactivación de la actividad y del consumo, la recuperación de la confianza empresarial y la creación de empleo de calidad, sin que esta estrategia debe verse perturbada por preocupaciones inflacionistas. Al contrario, es preciso salir de la depresión actual poniendo en marcha todos instrumentos a nuestro alcance, y manteniendo siempre como guía la seguridad sanitaria, de la que depende todo lo demás. Si se agudiza el rebrote de la enfermedad, la recuperación no será posible.
Desde UGT, consideramos urgente que el Gobierno ponga en marcha ya las mesas de diálogo social necesarias para abordar, de manera urgente y con el mayor consenso posible, las actuaciones y reformas necesarias para generar un crecimiento económico rápido, equilibrado y sostenible social y medioambientalmente. Desde UGT planteamos una estrategia global de reactivación.
Plan de Reactivación Económica Regional
En nuestra región, sindicatos, patronal y el Gobierno Regional firmaron el pasado mes de mayo un Plan de Reactivación Económica y Social, que inexplicablemente está tardando demasiado en entrar en práctica. Para UGT, es muy urgente que se adopten medidas YA, que se han de sumar a las ya adoptadas por el Gobierno del Estado, para no dejar caer a más personas en el desempleo y el desarraigo social y laboral.