La Comisión Regional de Coordinación Sociosanitaria acordó ayer, en una reunión por vía telemática convocada por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la implementación de un protocolo de coordinación sociosanitaria en las distintas áreas de salud y la puesta en marcha de una herramienta informática de coordinación y de gestión compartida para mejorar la asistencia de las personas con trastorno mental grave.
Según indicó el secretario general de la Consejería, Antonio Sánchez Lorente, "la pandemia que sufrimos ha puesto en evidencia la necesidad de estrechar la coordinación entre administraciones y entre los distintos servicios asistenciales para la adopción de medidas preventivas óptimas y para generar una atención asistencial más cercana y aún más humana".
El encuentro, que también contó con la directora gerente del IMAS, Raquel Cancela; el director general de Familias y Protección de Menores, Raúl Nortes, la directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez Ros; el director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, y la directora general de Asistencia Sanitaria, Inmaculada Barceló, sirvió para detallar todas las actuaciones desarrolladas en los años 2019 y 2020 en materia de coordinación sociosanitaria.
Asimismo, se habló de la necesaria actualización de los informes para acceder al sistema de la dependencia, informatizando el procedimiento, el establecimiento de un servicio de supervisión y apoyo profesional a los equipos base de coordinación sociosanitaria de las distintas áreas de salud, y la solicitud de participación de la comunidad en la joint action 'Proyectos de Vida Inclusiva en Salud Mental'.
Con este paso, desde la Consejería se ha dado otro impulso acorde a la futura Ley de Servicios Sociales, actualmente en trámite parlamentario, que prevé la obligatoriedad del establecimiento de estructuras sólidas y dinámicas de coordinación para una adecuada atención de aquellos colectivos que requieren una especial atención, como personas mayores, discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, personas que padecen enfermedades mentales, en especial cuando se encuentren en situación de dependencia, menores de edad, personas con enfermedades crónicas, enfermedades raras, terminales, víctimas de maltrato, afectados por VIH-Sida, drogodependientes, inmigrantes y en general grupos concretos en riesgo de exclusión social.
"La coordinación es fundamental para procurar a estos colectivos una atención especializada acorde con sus circunstancias personales", destacó Sánchez Lorente.