La Consejería de Educación sigue cerrada en banda, seguimos sin saber cuánto dinero va a destinar a la prevención de la transmisión de la pandemia este curso escolar que empieza lleno de incertidumbre. Las instrucciones elaboradas por Sanidad para esta vuelta a las aulas dejan clara la necesidad de llevar la mascarilla durante toda la jornada escolar, tanto por parte de todo el personal docente y no docente, como del alumnado. Sin embargo, no hay aprobadas dotaciones para la adquisición del material necesario de protección y prevención.
Si bien los propios centros recibirán partidas para adquirir gel hidroalcohólico y una pequeña cantidad de mascarillas higiénicas -en caso de olvido de alumnado o necesidad urgente-, y de protección especial para posibles casos sospechosos de contagio en el aula, lo cierto es que deja la responsabilidad de adquirir los equipos de autoprotección a cada uno de los profesionales que trabajan a su cargo, y que no olvidemos, también en esta circunstancia, y por mucho que les pese económicamente, siguen siendo su responsabilidad.
STERM exige a la Consejería que provea al personal docente y no docente de mascarillas y pantallas cumpliendo con su obligación prescriptiva, y asegurándose de proteger no solo a sus trabajadoras y trabajadores, sino a todos y cada uno de los estudiantes que acuden a los centros educativos, exponiendo así a sus familias y círculos cercanos en caso de contagio, con las consecuencias que ya conocemos sobre la economía familiar y la falta de medios para conciliar, todo esto por la dejación de funciones de la Consejería.
La coportavoz de STERM, Julia Mena, asegura que "es imposible mantener las condiciones de seguridad en los centros sin la contratación de más personal docente y no docente, para poder reducir el número de personas en el aula y garantizar la atención a todo el alumnado, así como las condiciones de limpieza e higiene necesarias para prevenir contagios. Es urgente invertir en educación, contando para ello con toda la comunidad educativa".
Ahora más que nunca familias, trabajadoras y toda la comunidad educativa unida debe aunar sus fuerzas para demandar que se cumplan todas las medidas de seguridad para que la vuelta a los centros pueda hacerse de manera presencial y segura, tanto en materia de equipamientos como con una más que necesaria reducción de las ratios que desmasifique los espacios cerrados, pues ya se ha comprobado que son un gran foco de infección.
Ahora más que nunca, el Gobierno Regional debe darnos las garantías de que no se vulnera ninguno de nuestros derechos: ni el derecho a la salud de trabajadoras y trabajadores, ni el derecho a la educación de calidad, presencial y segura de nuestras niñas y niños.