El sindicato afirma que la relajación de las recomendaciones y los recortes en grupos y plantillas impiden la puesta en marcha de medidas preventivas adecuadas para el regreso a los centros educativos.
CCOO critica que las administraciones educativas no han estado a la altura de lo exigible a la hora de plantear la vuelta a las aulas en septiembre. El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha ido rebajando las exigencias a medida que las comunidades autónomas presionaban para eliminar las cautelas que garantizaban la seguridad de cara al nuevo curso. Así, hemos pasado, en diferentes documentos, de una ratio máxima de 15 estudiantes por grupo a 20 y, finalmente, a 25, la ordinaria de los diferentes niveles educativos. Lo mismo ha sucedido con la distancia mínima, clave para organizar los grupos, que ha pasado de 2 metros a 1,5, e incluso a eliminar esta referencia, que podrá ser sustituida por el uso de mascarillas u otras medidas higiénicas.
La mayoría de las CC. AA. han presionado al MEFP para rebajar las exigencias de seguridad hasta convertir el acuerdo de la Conferencia Sectorial (del que se descuelgan algunas autonomías) en un documento de recomendaciones difusas sin carácter vinculante. El resultado, en la mayoría de los casos, será una vuelta a clase similar a la del último curso, esto es, sin poner recursos extraordinarios que permitan atender a la situación sanitaria y educativa como consecuencia de la pandemia.
El sindicato denuncia que incluso hay comunidades autónomas que, en esta situación, están planteando recortes de profesorado y cierre de unidades en la enseñanza pública, lo que califica de profundamente irresponsable, y está promoviendo movilizaciones contra estos recortes que dibujan un escenario caótico para el inicio de curso.
CCOO llama la atención sobre la presión a la que están siendo sometidos los equipos directivos de los centros, a los que llegan instrucciones cambiantes, en ocasiones contradictorias, y a los que se les asignan responsabilidades (en materia de seguridad y salud, por ejemplo) que no forman parte de sus competencias y para las que no han recibido formación. El sindicato hace un llamamiento para que las administraciones educativas y la sociedad reconozcan el trabajo que el profesorado, los equipos directivos y el personal de administración y servicios han llevado a cabo durante esta etapa, garantizando el funcionamiento del sistema educativo en las condiciones de excepcionalidad planteadas por la pandemia.
Existe un amplio consenso sobre la importancia de la presencialidad para garantizar la equidad educativa, reducir las brechas que genera la desigualdad y evitar que aparezcan otras nuevas (como la digital), que se han hecho presentes con mucha fuerza. Para CCOO, la vuelta a la presencialidad exige dotar al sistema educativo de recursos extraordinarios que sirvan para garantizar una presencialidad segura y para atender al alumnado en situación de desventaja social. Para ello, ha presentado sendas propuestas sobre seguridad y salud en los centros educativos y sobre la organización del nuevo curso escolar, en los que se exige una dotación extraordinaria de 7.385 millones de euros para invertir en plantillas, recursos tecnológicos y conexión a la Red, obras de adaptación de los centros educativos a la nueva situación, entre otras.
CCOO subraya que la dotación extraordinaria planteada por el Gobierno, aunque importante, es insuficiente, y en este sentido exige que se destinen con carácter finalista a educación una parte significativa de los fondos que lleguen de Europa y que su transferencia a las CC. AA. se vincule a la puesta en marcha de programas concretos para reforzar las medidas de seguridad e higiene y la inclusividad en el sistema educativo, prestando especial atención al alumnado más desaventajado y al refuerzo de las plantillas docentes y de personal de servicios educativos complementarios. Desde este punto de vista, denunciamos que la falta de condicionalidad en los 2.000 millones de euros de inversión educativa extraordinaria va a permitir que algunas autonomías destinen esos fondos a ámbitos distintos a la educación o a financiar medidas privatizadoras, como el cheque bachillerato, en detrimento de la enseñanza pública, que sigue siendo irresponsablemente recortada.
La Federación de Enseñanza de CCOO exige una vuelta a las aulas segura, con un máximo de 15 estudiantes por clase, con un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene (para lo que se debe movilizar a las y los delegados de prevención, quitando esa presión a los equipos directivos), con dotación de recursos tecnológicos y conexión a Internet para el alumnado que sufre la brecha digital y para el profesorado, en previsión de un nuevo confinamiento que exija el trabajo en línea, así como unas condiciones laborales dignas para los cuerpos docentes y el resto de las y los trabajadores del sistema educativo.
CCOO seguirá demandando al MEFP y a las CC. AA. el cumplimiento de esos requisitos, que fueron formulados en su momento por las propias autoridades educativas y sanitarias, y no descartamos movilizaciones en aquellas autonomías en las que no se garantice una presencialidad segura.