La propuesta REACT-UE de la Comisión Europea para complementar con 58 000 millones de euros la financiación de cohesión destinada a los países de la UE en los decisivos primeros años de la recuperación tras el brote de COVID-19 tiene por objeto movilizar la inversión y concentrar el apoyo financiero. En un nuevo dictamen publicado hoy, el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) señala la tensión entre la finalidad de la propuesta de proporcionar financiación adicional con la mayor rapidez posible y el objetivo de asignarlo allí donde sea más necesario y tenga mayor efecto. Los auditores también advierten de que los mecanismos de respuesta a la crisis propuestos por la Comisión para el próximo presupuesto de siete años carecen de disposiciones orientadas a la buena gestión financiera de los fondos de la UE.

La UE ha presentado un paquete de 750 000 millones de euros, «Instrumento de Recuperación de la Unión Europea», para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por minimizar el impacto socioeconómico de la pandemia y volver a una senda de crecimiento sostenible. El paquete incluye la Ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-UE), dentro del período presupuestario 2014‑2020, cuyo objetivo es sentar las bases de la recuperación de la UE en 2020‑2022. Además, la Comisión propuso nuevas normas aplicables a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en el período presupuestario 2021‑2027 con el fin de proporcionar mecanismos que pueden invocarse rápidamente en caso de que en los próximos años se produzcan nuevas perturbaciones en la UE. Los auditores evaluaron ambas propuestas.

«Tras el brote de COVID-19, la Comisión tomó medidas en distintos frentes y, entre otras cosas, movilizó rápidamente fondos adicionales y propuso nuevas normas de financiación» afirma Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal responsable del Dictamen. «Todas estas medidas son bienvenidas, pero deben estar bien coordinadas en el ámbito nacional y en la UE para ser eficaces».

Los auditores celebran la propuesta de la Comisión de administrar la financiación REACT-UE con arreglo a las estructuras de los Fondos EIE en los Estados miembros y afirman que se trata de una idea sensata y pragmática. Sin embargo, la propuesta deja libertad a los Estados miembros en el uso de la financiación adicional y no especifica con suficiente detalle cómo se coordinará el REACT-UE con otros instrumentos de la UE y con los sistemas nacionales. Esto supone un riesgo de fragmentación y duplicación del apoyo de la UE. Además, los Estados miembros tendrán que comprometer la financiación adicional (es decir, asignarla a propósitos específicos) antes de 2022, lo que supone un incremento de la presión sobre su capacidad para gastarla de forma correcta y adecuada, con el consiguiente riesgo de acelerar el gasto priorizando la absorción sobre la optimización de los fondos («usarlos o perderlos») y de que aumente el riesgo de irregularidad y fraude. Este riesgo afecta en particular a los Estados miembros más golpeados por la pandemia, que tienes menores tasas de absorción. Por último, los auditores subrayan que el nuevo método de asignación de los fondos a los Estados miembros puede quedar distorsionado por la infravaloración por estos de las cifras de desempleo.

La propuesta de modificaciones de las disposiciones comunes que rijan el uso de los Fondos EIE en 2021‑2027 tiene por objeto reforzar la capacidad de respuesta de la UE ante circunstancias excepcionales e inusuales. Serían aplicables a cualquier situación que el Consejo reconozca como crisis y permiten que la Comisión responda temporalmente de manera más rápida mediante el recurso a «decisiones de ejecución». Sin embargo, la propuesta de la Comisión no especifica cuándo finalizaría esta facultad temporal ni establece aspectos pertinentes para la buena gestión financiera, como la mitigación del riesgo de «peso muerto» (financiación de proyectos que podrían haberse hecho de todos modos) en la aprobación retrospectiva de los proyectos. Por lo tanto, es posible que la Comisión deba añadir otras normas relacionadas con las situaciones de crisis a medida que vayan surgiendo. Un aspecto positivo es que la propuesta incorpora una mejora de las disposiciones para el seguimiento de la financiación, lo que supone un primer paso hacia la transparencia.