De confirmarse los posibles incumplimientos detectados, tipificados como graves, podrían imponerse sanciones de entre 3.000 y 100.000 Euros

UPA asegura que continuará exigiendo el cumplimiento de los avances legislativos conseguidos en las movilizaciones de los #AgricultoresAlLimite, y recuerda a las empresas que no pueden comprar productos agrarios a precios inferiores a los costes de producción.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado a UPA la apertura de expedientes sancionadores a tres empresas murcianas, mayoristas del sector de la fruta, al existir indicios razonables de que pudieran haber cometido infracciones tipificadas en la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La AICA traslada esta información a UPA por ser la organización que, ante los indicios detectados, presentó denuncias reclamando comprobaciones del cumplimiento de la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria. UPA recuerda a todos los agricultores y ganaderos que no deben permitir abusos y se ofrece a canalizar las denuncias ante la AICA garantizando su anonimato.

En esta ocasión las denuncias de UPA han dado lugar a la apertura de expedientes sancionadores a dos Sociedades Anónimas y una Sociedad Limitada, y las posibles infracciones tienen relación con el incumplimiento de los plazos de pago, la ausencia de elementos mínimos en los contratos y la ausencia misma de contratos, incumplimientos tipificados como graves y cuya sanción oscilaría entre los 3.000 y los 100.000 Euros.

UPA asegura que va a hacer cuanto esté en su mano para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, modificada mediante real decreto el pasado mes de febrero, tras las movilizaciones de los agricultores al límite y que va a recibir nuevas actualizaciones con la trasposición de la Directiva de la UE de prácticas comerciales desleales.

"Las reglas del juego han cambiado", han recordado desde UPA. "Ahora tenemos una normativa que sienta las bases para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, aporta seguridad jurídica a los agricultores y ganaderos y apuesta por que los productores de alimentos reciban unos precios justo por sus productos", han señalado.