El nuevo modelo de vivienda protegida que propone el Ejecutivo regional es un incentivo para los promotores de la Región de Murcia, ya que debido a la ampliación del número de posibles beneficiarios se prevé un repunte en la demanda de este tipo de edificaciones. A este hecho se le suma la práctica inexistencia de oferta de viviendas protegidas de los últimos años.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y el presidente de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, mantuvieron una reunión hoy en la que analizaron los detalles del decreto que "resucitará la vivienda protegida en la Región de Murcia, casi nula en la actualidad, y servirá para reactivar este sector tras la crisis del coronavirus".

El responsable regional puso de manifiesto que la nueva normativa de vivienda protegida, que ya ha iniciado su tramitación, tiene el objetivo de "ampliar el espectro de familias que puedan acceder a un hogar porque hasta la fecha este tipo de viviendas estaban fuera de su alcance".

"Queremos cubrir la demanda que existía de familias o jóvenes parejas que cuentan con ingresos, pero no suficientes, para optar a la vivienda libre porque buscan una superficie mayor para poder vivir con sus hijos o porque inician una proyecto de futuro con su primer sueldo", detalló el consejero. Destacó el especial tratamiento de la norma hacia las mujeres embarazas o que sufren violencia de género, personas con discapacidad y víctimas de terrorismo.

Ventajas fiscales

Este tipo de vivienda cuenta con importantes ventajas fiscales como la reducción a la mitad el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los tres primeros años, además de un importante descuento en el Impuesto de Valores Añadidos (IVA), que se sitúa en el 4 por ciento en el caso de viviendas de régimen especial.

Una vivienda se considera protegida cuando la Comunidad verifica que cumple una serie de características sobre dimensiones máximas y precio máximo (de venta o renta),y para adquirirla se establecen una serie de condicionantes económicos de los solicitantes, excluyéndose aquellos que ya cuentan con una propiedad.

"Hemos mejorado todos esos parámetros de forma que ampliemos el número de familias que puedan acceder a este tipo de viviendas y las dimensiones de los hogares", señaló el consejero, quien indicó que se da la posibilidad de ampliar las superficies de las viviendas según las necesidades de cada familia.

La superficie útil máxima de 90 m² será la norma general, que alcanzará los 120 m² para familias numerosas o integradas por personas con discapacidad, movilidad reducida permanente o dependientes. La superficie útil máxima para familias numerosas de carácter especial o la ampliación de diez metros adicionales por hijo podría llegar a los 150 m².