La Región de Murcia tiene una prevalencia de casos de abuso sexual a menores similar a la del resto del país
Los expertos han atendido más de 200 casos en estos meses de funcionamiento hasta el comienzo de la pademia. La incidencia es parecida en todas las demarcaciones de las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma
Un menor agredido sexualmente cada día recibe atención por psicólogos y sanitarios del Proyecto Luz desde que en junio de 2019 se inició esta intervención social, según han explicado los expertos de la Asociación Albores.
La Región de Murcia tiene una prevalencia en agresiones sexuales infantiles similar a la del resto del país.
El profesionales del Proyecto Luz, altamente cualificados para esta intervención, atienden los casos que han sido detectados en diferentes ámbitos de vida cercanos a los niños y niñas como son los colegios, centros de salud, etcétera.
Este programa está financiado por la Consejería de Igualdad, Mujer, LGTBI, Familias y Política Social.
Más de 200 casos en los primeros ocho meses
Los expertos han atendido más de 200 casos en los primeros ocho meses de funcionamiento, hasta el comienzo de la pandemia. La incidencia es similar en todas las demarcaciones de las Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma.
La intervención con los menores se lleva con suma prudencia dada la vulnerabilidad de los niños y niñas de 2 a 15 años. El perfil de los agredidos es diverso.
El Proyecto Luz ha sido muy bien acogido y valorado por los expertos en atención infantil de distintas consejerías de servicios sociales de comunidades autónomas de toda España para conocer su modelo de actuación.
Sin escapatoria por el encierro del estado de alarma
El confinamiento ha entrañando un gran riesgo para la víctima, según los expertos. Los menores se han visto obligados a convivir sin escapatoria con sus agresores.
La nueva Ley de Infancia recoge también la reformulación de varios delitos y la inclusión de nuevos tipos en el Código Penal. Regula específicamente el deber de toda persona física de comunicar cualquier sospecha o indicio de delitos de violencia contra los menores. Además, "las Administraciones Públicas deberán garantizar la disponibilidad de canales accesibles y seguros de denuncia de la existencia de tales contenidos".