La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Ecologistas en Acción han vuelto a rechazar la asistencia a las reuniones del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), y han calificado de nueva burla la convocatoria para este viernes 12 de junio, que se produce menos de dos semanas después de haber criticado ambas organizaciones la inoperancia de este órgano consultivo y de participación.
En la anterior reunión, realizada el 29 de mayo, el Gobierno Regional ya dejó clara su falta de interés en que el órgano funciones, por ejemplo, al llevar un punto sobre el Decreto-Ley que modifica la Ley de Protección Ambiental Integrada[1], aunque éste ya se había aprobado antes de pasar por el órgano consultivo, de urgencia y con la excusa de reaccionar ante la crisis económica provocada por la COVID-19, aunque el texto llevaba al menos 8 meses trabajándose, y básicamente consiste en una peligrosa rebaja de la regulación ambiental, al dictado de las demandas del sector empresarial, pero sobre la que la sociedad y los grupos ambientalistas no hemos podido opinar.
En esta nueva convocatoria, las organizaciones consideran que el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos se ha superado a sí mismo, convocando una reunión del CARMA con tan solo dos días de antelación, y con un orden del día de tan sólo dos puntos: uno que ya se debatió en el anterior CARMA del 29 de mayo, que es el único con documentación previa, y el otro que sólo indica “Mar Menor” pero que carece de explicación alguna, ni documentación de ningún tipo. Por ello, entienden, todo apunta a que se tratará de un acto de pura propaganda en un momento en el que el Gobierno Regional está en una escalada contra el Ministerio, al que exige actuaciones urgentes, obviando sus propias competencias, que son las principales.
Otro ejemplo de la absoluta falta de voluntad del Gobierno Regional en cuanto al funcionamiento del CARMA, a la participación social, y en general, respecto a la protección del Medio Ambiente y cumplimiento de la legislación, es el hecho de que se informe de que en la reunión anterior no se trató el punto sobre la creación de la Junta Rectora del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, así como la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de dicho espacio. Y que no se tratará salvo que acudan las organizaciones ecologistas.
Algo absolutamente insólito, puesto que la aprobación del PORN y la constitución de la Junta Rectora son obligaciones legales que este Gobierno debería haber cumplido ya, de motu propio y sin que nadie se vea obligado a reclamarlo, desde hace más de dos décadas. Sin embargo no lo han hecho, a pesar de las múltiples peticiones realizadas por Ecologistas en Acción y ANSE, durante más de 20 años, la más reciente hace un par de meses por esta última junto a WWF.
Seguramente, desde el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos consideran que los fuertes intereses agrícolas y urbanísticos de unos pocos en la zona están por encima de la legalidad vigente y de la preservación del interés común, y de la protección del patrimonio ambiental de todos, lo que en teoría debería ser su prioridad como Gobierno de todos los ciudadanos de la región.
[1] Decreto ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de Medio Ambiente