El portavoz parlamentario, Juan José Molina, lamenta que la ministra Ribera quiera mayor discrecionalidad para asestar un nuevo hachazo al sector agroalimentario
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas al Gobierno respecto a las previsiones del Ministerio de Transición Ecológica de “cambiar los criterios del Memorándum Tajo-Segura y sus repercusiones para Murcia, Alicante y Almería”. La formación quiere conocer si el Gobierno “piensa modificar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura”, y si con ello “quiere encubrir con un pretexto técnico la decisión política de modificar las reglas actuales en beneficio de las demandas de algunas comunidades aut&oac ute;nomas”. En este sentido, se demanda información sobre la solicitud de un informe al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Fomento, “un informe sobre el que en Ciudadanos ya expresado nuestras dudas sobre su posible imparcialidad técnica”, ha señalado la diputada Marta Martín. El portavoz parlamentario naranja, Juan José Molina, ha lamentado que Ribera “esté moviendo ya sus piezas para asestar un nuevo hachazo a los regantes de Murcia, Alicante y Almería, tratando de escudarse en un informe ‘ad hoc’ del CEDEX y en la coartada de la protección del Mar Menor”. Molina ha recordado que Ciudadanos “siempre va a defender la ley que ordena el Trasvase frente a los asaltos vía decreto ley de un Ministerio que nunca ha creído en lo que e s la herramienta de desarrollo más importante para la economía del Levante”. “Nadie nos puede enseñar cómo defender el trasvase”, ha añadido Molina.
La formación quiere conocer si los últimos movimientos de Ribera buscan modificar las condiciones de excepcionalidad en los niveles 3 y 4, lo que aumentaría la discrecionalidad al Ministerio para la Transición Ecológica para reducir los trasvases. Las preguntas también solicitan información sobre cómo va a garantizar el Ministerio agua suficiente y de calidad a precios razonables para las provincias de Murcia, Almería y Alicante, cuyos sectores agrícolas, industriales y turísticos se han visto ya gravemente afectados por la crisis del COVID-19.