Región

El PP exige al Gobierno de España que permita a los ayuntamientos utilizar sus superávits con el fin disponer de más recursos económicos ante la pandemia

Noelia Arroyo manifiesta que "el ahorro de los ayuntamientos no puede ser la tabla de salvación de la incompetente gestión de Sánchez"

"Los recursos económicos fruto de la austeridad y control del gasto por parte de los consistorios deben revertir en los ciudadanos y ser una ayuda más en estos momentos de crisis económica y social", afirma Arroyo.

El Partido Popular ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que exige al Gobierno de España que "flexibilice las reglas para que los ayuntamientos puedan utilizar sus superávits en aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia".

La vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, considera que "el ahorro de los ayuntamientos no puede ser ahora la tabla de salvación de la incompetencia y nefasta gestión de Pedro Sánchez". Y añade que "dentro de la autonomía local, el Gobierno de la Nación debe autorizarnos a disponer de unos recursos económicos que en estos momentos son esenciales".

Arroyo afirma que "ese ahorro generado por las medidas de austeridad y control del gasto aplicadas desde 2010 por parte de los consistorios, debe revertir en los ciudadanos y ser una ayuda más para paliar la crisis económica y social que ha venido de la mano del coronavirus".

"El Gobierno de España quiere apropiarse con 28.000 millones de euros de superávit de todos los ayuntamientos para tapar su nefasta gestión", añade la vicealcaldesa de Cartagena, para quien "Sánchez no solo castiga a la Región en el reparto de los 16.000 millones del fondo extraordinario, sino que además se apropia de recursos municipales".

Para Noelia Arroyo, los ayuntamientos "reclamamos algo que nos corresponde legítimamente", y señala que "no disponer de ese ahorro lastrará muchas actuaciones y perjudicará a muchos ciudadanos que a la primera puerta a la que llaman para reclamar ayudas es a la de los ayuntamientos".

Asimismo, explica que "aceptamos competencias impropias del Estado, sin recibir, en muchos casos la financiación adecuada, y ahora el Gobierno de España nos aplica un castigo más con la intervención del ahorro".

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