El grupo parlamentario de Ciudadanos ha propuesto hoy la constitución de dos fondos estatales para luchar contra la crisis socioeconómica derivada del COVID-19. La diputada Valle Miguélez ha puesto sobre la mesa de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos la creación en primer lugar de un Fondo Complementario de nivelación, dotado por el Estado, que “complementaría los ingresos de aquellas comunidades como la nuestra, y respondería principalmente a los criterios de población ajustada y competencias homogéneas”. El fondo se pondría en marcha de inmediato y el 100% de sus recursos -que podrían alcanzar los 2.000 millones de euros- se desembolsarían durante 2020 en forma de entregas a cuenta calculadas en base a los últimos datos disponibles de financiación efectiva, que son actualmente los de 2017. “Su liquidación se efectuaría en 2022, como parte de la liquidación habitual del Sistema de Financiación Autonómica correspondiente a 2020, y supondría una inyección de 270 millones a la Región de Murcia”, ha destacado Miguélez.
La secretaria de la comisión, a la que también ha acudido el diputado naranja Francisco Álvarez, también ha propuesto la creación de un Fondo Social Complementario transitorio, que también financiaría el Estado y que “aportaría financiación adicional no condicionada a todas las autonomías de régimen común”. Miguélez ha especificado que las entregas a cuenta de este fondo “se repartirían en proporción al último dato disponible de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y la liquidación se haría sobre los datos reales del mismo indicador en 2020”. El fondo se crearía por un período inicial de un año, “pero podría prorrogarse mientras perdure l a crisis”. En definitiva, “dos herramientas que harían frente tanto a las desigualdades en la financiación, teniendo en cuenta la población ajustada y las competencias homogéneas, como a las desigualdades en cuanto a la renta o los niveles de pobreza”.
Miguélez ha apuntado que Ciudadanos “impulsó el Comité Económico para la Reactivación Económica regional, a través del cual se ha obtenido un refuerzo de 30 millones de euros para la gestión de la crisis, procedentes de fondos europeos reformulados para destinarlos a pymes y autónomos. “Hemos recopilado ya unas 900 propuestas de las consejerías y los agentes sociales y económicos, que ahora se priorizarán y dotarán”. La diputada ha contrapuesto esta actividad con los repetidos anuncios de envío de fondos por parte del Estado, “que se quedan en titulares vacíos, porque la realidad hoy es que nuestra comunidad autónoma será otra vez de las peores tratadas en el reparto de estos fond os”. La diputada ha pedido “criterios de reparto justos, no los que nos aplican basados en la decisión de unos expertos que nadie sabe quiénes son y con qué cualificación cuentan” y ha lamentado que “el Gobierno central parece que primero ha repartido a sus afines y luego buscado los criterios y cuadrado los porcentajes”.
La parlamentaria ha lamentado que con los criterios que se van a aplicar, “minimizar los ingresos en UCI o gestionar mejor la crisis supone recibir menos en el reparto, olvidándose de nuestra infrafinanciación”. Y ha considerado cuanto menos “chocante” que “mientras el Gobierno central reclama lealtad, luego no la practique, porque la lealtad no son palabras, sino pagar a las autonomías lo que les corresponde”.