El Decreto que modifica la legislación de Impacto Ambiental en la Región de Murcia es una tomadura de pelo a los ciudadanos y a los promotores de proyectos innovadores, porque no simplifica la tramitación ni unifica la organización administrativa encargada de elaborar los informes de impacto ambiental. 

El Gobierno Regional ha inventado un procedimiento lleno de “trámites innecesarios” en manos de una maraña de órganos internos en completa descoordinación, por eso es inadmisible que el gobierno afirme que es el coronavirus la causa de lanzar ahora un Decreto-ley para poner remedio a su propia incompetencia. 

Desde VOX se valora muy negativamente esta actitud del gobierno de la Región. Tanto el Presidente Provincial, José Ángel Antelo, como el Presidente de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua del Grupo Parlamantario, Pascual Salvador, afirman que el virus de Wuhan no puede ser la excusa para poner parches y hacer chapuzas en una normativa de la que depende la puesta en marcha de las actividades económicas y el desarrollo de planes y proyectos vitales para la Región de Murcia. 

Tras el estudio del mencionado Decreto-ley de reforma de evaluación ambiental, se aprecia que los cambios son insignificantes. En realidad se hace un traslado de los problemas de la administración regional a los ayuntamientos, que pasan asumir la carga de hacer las evaluaciones. Este traslado de papeles a los ayuntamientos tiene riesgo de inseguridad jurídica y dispersión de criterios, e incluso de responsabilidad penal para los propios funcionarios locales, que pueden verse sometidos a graves presiones en las evaluaciones complejas por falta de medios. 

En lo que se refiere a la concesión de permisos ambientales, los cambios de criterio para decidir si las ampliaciones son “sustanciales”, es algo que puede entrar en 

conflicto con la legislación básica estatal. Tanto Antelo como Salvador manifiestan que este Decreto-ley “se ha realizado sin informes jurídicos, por lo que el Gobierno Regional se lanza una vez más al vacío y puede provocar un caos normativo en estas materias, que sobre todo afectan a las ampliaciones de instalaciones ganaderas que pueden quedar al margen de la ley”. 

Finalmente, desde VOX se considera que el cambio legal no es beneficioso para la agilizar la implantación de actividades, planes y proyectos, y tampoco es bueno para el medio ambiente. No se pueden hacer normas deficientes para regular los bienes púbicos ambientales y la iniciativa empresarial, que deben contar con marcos seguros que garanticen la libertad económica y un alto nivel de responsabilidad en el manejo de los residuos, los vertidos al agua y las emisiones industriales de gases contaminantes.

El problema ambiental de la Región no es la normativa básica, sino el caos organizativo de la Comunidad Autónoma y su incapacidad para dar informes ambientales de calidad en un tiempo razonable, y ese problema de incompetencia no está resuelto en el nuevo Decreto-ley.