El Comité de Seguimiento Covid_19 ha valorado la situación que está afectando al sector de la construcción como consecuencia de las decisiones del Gobierno de España y, en especial, tras conocer el plan de desescalada anunciado.

La mayor preocupación de este comité es velar por la reactivación de la actividad del sector de la construcción al 100% y por que los trabajadores cobren lo antes posible las prestaciones que le corresponden.

Hoy hemos conocido la noticia de que la avalancha de ERTES presentado ha causado un atasco en la tramitación de las solicitudes colectivas de prestación por parte del SEPE, lo que va a dar lugar a que una parte importante de los trabajadores incluidos en estos expedientes no reciban su prestación hasta el mes de junio, lo que implica que muchos no habrán recibido percepción alguna en los meses de abril y mayo. Esta situación es desesperante para cualquier trabajador y deja en situación de desamparo a miles de familias en toda España.

Es del todo inaceptable que las medidas habilitadas por el Gobierno, que debían evitar situaciones indeseables a los trabajadores, como la pérdida del empleo y la falta de ingresos resulten finalmente en una situación límite para miles de familias.

Así mismo, este comité quiere dejar claro que el trato que el Gobierno de España ha dispensado al sector de la construcción ha sido de absoluto olvido. Un maltrato continuado que se ha visto agravado en cada una de sus decisiones desde el inicio del estado de alarma.

La gota que colma el vaso ha sido la presentación del plan de desescalada, estructurado en cuatro fases y en ninguna se hace mención a la reanudación de las obras en edificios existentes.

A continuación, os presentamos el vigesimoprimer informe del Comite´ de Seguimiento Covid_19:

RELACIONES INSTITUCIONALES

Ante esta grave situación se ha remitido por parte del presidente de FRECOM una carta a la Delegación del Gobierno solicitando la reanudación de la actividad de construcción al 100%, siempre y cuando se cumplan las medidas de protección. A continuación, reproducimos el contenido de dicha carta:

"Excmo. Sr. D. José Vélez,

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

Estimado Señor,

Me pongo en contacto con usted para hacerle llegar, en primer lugar, el profundo malestar existente entre las empresas, autónomos y trabajadores del sector de la construcción. Somos un sector que nos sentimos abandonados por parte del Gobierno de España desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Nuestro sector es un sector responsable y comprometido que precisa reanudar la actividad al 100% su actividad para poder garantizar la supervivencia de miles de familias, empleos y empresas. De no ser así, se multiplicarán exponencialmente las consecuencias negativas que ya se han puesto de manifiesto.

A continuación, le expongo de forma cronológica las decisiones del Gobierno que ponen de manifiesto el inadecuado trato que ha recibido nuestro sector.

0 dejó a la construcción fuera de las actividades que debían cesar como consecuencia del estado de alarma. Al mismo tiempo, el RD nos dejaba fuera de las actividades esenciales, sin perjuicio de que pudieran considerarse esenciales algunas obras que tuvieran lugar en caso de infraestructuras de interés general o las que debieran acometerse para el buen funcionamiento de los servicios declarados esenciales.

En definitiva, quedó en un limbo jurídico porque ni quedaba bajo el amparo de protección que se le daba a las actividades suspendida por orden del Gobierno, ni era considerada una actividad esencial, cerrando, entre otras cosas, la multiplicidad de posibilidades al suspender los plazos administrativos por ese mismo RD 463/2020. El lunes 16 de marzo, la mayoría de las obras públicas empezaron a suspenderse y las obras privadas continuaron con la incertidumbre de no tener un claro protocolo de actuación.

No fue hasta días más tarde que se elaboraron guías de actuación para los servicios de prevención en la construcción. Guías que se han modificado en reiteradas ocasiones, concretamente en cinco ocasiones. Guías que no han contestado a todas las preguntas esenciales para nuestro sector, como por ejemplo el tipo de material de protección en función del trabajo a realizar, si las medidas eran responsabilidad del empresario o si debía redactarse un protocolo de seguridad complementario a los planes de seguridad y salud.

Por suerte, somos un sector dinámico y colaborativo, de manera que las diferentes asociaciones y colegios profesionales nos hemos apoyado para resolver estas dudas. De hecho, nuestra Fundación Laboral de la Construcción acabó editando un documento de seguridad para la salud de los trabajadores que explica los protocolos principales a seguir y FRECOM ha organizado un evento, Diálogos FRECOM, que ha contado con la opinión de la inspección de trabajo y seguridad social y ha permitido resolver las dudas de muchos empresarios.

El segundo movimiento del Gobierno que consideramos inapropiado se estableció con las restricciones para la ocupación de los vehículos. La ocupación de los vehículos ha sido un gran problema para la gran mayoría de los empresarios.

El tercer movimiento ha sido el Real Decreto Ley 8/2020. Aquí se regularon los ERTE extraordinarios por fuerza mayor. Pues bien, las causas de fuerza mayor fueron interpretadas y restringidas por la Dirección General de Trabajo. De manera que solo lo podían presentar las empresas sin actividad por haber sido paralizadas por el estado de alarma, o que tuvieran dificultad de obtener suministros o que por causa de contagio o situación de aislamiento no pudieran disponer de sus trabajadores. A esto se une el famoso artículo 34 de este mismo real decreto ley que ante la suspensión de la ejecución de las obras públicas recortó el régimen de derechos que le corresponden al empresario en el artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Y posteriormente, llegó el Real Decreto Ley 10/2020. Se estableció el permiso retribuido de carácter obligatorio, de manera que a los derechos que le correspondían al empresario de la construcción conforme al citado artículo 34, se le restó el pago de los salarios a los trabajadores durante esos días de permiso retribuido.

Entre tanto, los empresarios de la construcción que continuaban ejecutando obra privada se las veían y deseaban con los coordinadores de seguridad que, ante la poca claridad de las normas, se empeñaban en paralizar obras, sin tener competencia para ello, por considerar que existía un riesgo para la salud. Sin embargo, la guía del Ministerio de Sanidad para los servicios de prevención seguía catalogando a la construcción como actividad de "bajo riesgo de exposición".

Mucha normativa en escaso tiempo y escasa claridad. El resultado es que el RDL 8/2020 permitía presentar ERTE por fuerza mayor a las actividades paralizadas por causa del Covid19, pero la paralización por causas del COVID-19 se restringió a paralización por orden de la autoridad. Teníamos a pymes y autónomos a los que les paraban obras y no podían acogerse al ERTE por fuerza mayor. Y los autónomos no podían ni acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad, ya que tenían que demostrar un descenso en la facturación del 75% en el último mes natural respecto del semestre anterior, pero es que el último mes natural en aquel momento era el mes de marzo, y hasta el día 14 habían estado trabajando y por tanto se podía facturar la mitad del mes, lo que impedía justificar un descenso del 75%. Un desastre.

Después finalizó el periodo de permiso retribuido y, en principio, el 13 de abril la construcción volvería a activarse con la vuelta de sus trabajadores. El siguiente movimiento normativo fue la orden del Ministerio de Sanidad SND/340/2020, que declaró la suspensión de las obras en edificios existentes, con las únicas excepciones de actuaciones urgentes y obras en edificios que por su sectorización eviten la interferencia con personas ajenas a la obra.

Y ahora, el plan de desescalada. ¿Puede haber mayor ofensa hacia nuestro sector que ni nombrarlo en la desescalada?

Cuatro fases de desescalada y, sin embargo, nada se dice sobre la reanudación de las obras en edificios existentes. De acuerdo con la orden de Sanidad habrá que esperar al final del estado de alarma o a otra orden que derogue esta.

Ha sido tal el desconcierto que ha producido la orden SND/340/2020, que alguna Comunidad Autónoma, como Galicia, ha dictado una resolución de su Consejería de Presidencia para aclarar los casos para ejecutar obras en edificios existentes. Define lo que se puede considerar obra de urgencia, ampliando a todas aquellas obras tanto en espacios privativos como comunes que, de no ejecutarse, afectarían a la seguridad, habitabilidad o accesibilidad; permite sin excepciones las obras en fachadas y en cubiertas y considera que no hay interferencia cuando sea posible realizar tanto laejecución de la obra como el acceso de los operarios y el transporte de los materiales por espacios exteriores ajenos a los espacios comunes.

Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción ha remitido carta al Ministro de Sanidad y al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana exigiendo la derogación de la orden SND/340/2020 por su incoherencia con el acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

"El Plan para la transición hacia una nueva normalidad" indica que las medidas restrictivas de carácter general deberán ser progresivamente sustituidas por otras de carácter específico que contribuyan a una vuelta gradual, lo más segura posible, a la actividad social y económica, y a una nueva normalidad. Mantener la Orden SND/340/2020 deja a la actividad de Construcción en el subsector de Reforma y Rehabilitación totalmente fuera de la recuperación económica, ya que, además, la vigencia de la Orden SND/340/2020 esta´ vinculada a la permanencia del estado de alarma o sus prórrogas.

Por eso, desde la Federación de Empresarios de la Construcción nos vemos en la obligación de exigir que cese esta situación de desamparo y desatención hacia este sector. Un sector que en Murcia representa más del 6% del PIB, afectando a más de 36.000 empleados afiliados a la Seguridad Social y en España más del 10% del PIB y un millón y medio de trabajadores.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, le solicitamos que, en un plazo de 72 horas (y con el objetivo de que pudiera iniciarse la actividad el 4 de mayo) se restablezcan las obras en edificios existentes, siempre con las medidas de protección aconsejadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a distancia, higiene y otras medidas complementarias como guantes o mascarillas, como se ha venido haciendo durante estas 6 semanas."

Como siempre, os rogamos que cuidéis de vuestra salud y la de vuestros trabajadores siguiendo las medidas de prevención adecuadas.

Juntos construimos futuro

Comité de Seguimiento Covid_19 de FRECOM