Para Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR “El covid-19 ha puesto de manifiesto que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita experimentar una evolución para adaptarse a las exigencias de la nueva manera de entender la sanidad”

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, forma parte de las organizaciones firmantes de la carta abierta que esta mañana ha sido enviada al Gobierno, una iniciativa de la Campaña No es Sano, de la que es miembro CONSUMUR. En esta carta se reclaman medidas que fortalezcan al sistema público de salud.

Éste, en opinión de Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR “ha quedado obsoleto en algunos aspectos y, en otros, ha dejado entrever que no tiene capacidad de reacción ante situaciones extraordinarias”.

Por otro lado, continúa, “la complacencia en el mismo, del que siempre expresamos nuestro orgullo, ha supuesto una falta de gestión. Otros países con, supuestamente, mayores deficiencias sanitarias, han sabido leer y reaccionar de modo eficiente, solventando con creces esta situación que vivimos minimizando la pérdida de vidas humanas”.

Para el Presidente de CONSUMUR, es fundamental “una apuesta decidida por un sistema público de salud, con criterios unificados, aunque descentralizado en la gestión y con una inversión en investigación que nos ponga en la vanguardia de los principios que debieran regir, verdaderamente, a un estado social que ha de basar sus recursos para garantizar el bienestar y salud de sus ciudadanos”.

Carta Abierta al Gobierno de España

Se trata de una iniciativa promovida por la Campaña No es Sano y suscrita por 31 organizaciones.

En la misma se aborda la importancia de un aumento del gasto público en salud para poder atender las necesidades de los pacientes y hacer frente a los problemas que han dejado los recortes de los últimos años. Solo así, se reclama, el sistema público estará preparado para abordar esta y otras emergencias que puedan llegar en el futuro. “De esta experiencia hemos aprendido lo necesario que es invertir en salud y las repercusiones que tiene tensionar nuestro sistema sanitario, tanto en términos de recursos económicos como humanos”, señala la carta.

En los últimos meses han sido muchos los proyectos de investigación que se han puesto en marcha para hallar vacunas o tratamientos que hagan frente a la COVID-19. Es imprescindible que desde el Gobierno se adopten medidas que salvaguarden toda esa inversión pública para que, cuando los resultados de la investigación que se realiza en las instituciones públicas pasen a manos privadas, se garanticen unos precios justos para los tratamientos que finalmente se desarrollen.

“El acceso a todas las personas que lo necesiten tiene que estar asegurado. Eso solo se consigue evitando los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado”. Medidas como las licencias obligatorias (es decir, suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico) o la producción pública de los medicamentos están recogidas en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y podrían llegar a ser empleadas por el Gobierno para asegurar el abastecimiento y los precios no abusivos de los medicamentos necesarios para la protección de salud en esta epidemia.

Aumentar la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas

Asimismo, la carta demanda que aumente la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas -patologías que reciben muy poca atención actualmente-. Por ello, se pide un cambio en los criterios de la agenda de investigación para que esté definida por las necesidades de la población y no por la rentabilidad económica que puedan tener o no los tratamientos. “Resulta urgente evitar la excesiva concentración de los recursos en unas pocas enfermedades e incrementar la financiación en una I+D biomédica diversificada y reequilibrada, que cuente con ensayos clínicos independientes”, sin influencia de la industria farmacéutica.

Las organizaciones firmantes también demandan al Ejecutivo que garantice la sanidad universal, sin excepciones. “El virus no entiende ni de lugar de residencia ni de procedencia. Las pandemias y epidemias son problemas de salud pública que afectan a toda la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables, y desde la atención sanitaria universal deben ser resueltas”, recuerda la carta.

Para que todas estas medidas sean eficaces y generen confianza en la ciudadanía requieren transparencia y una buena rendición de cuentas. Con ello, se asegura “la mejor toma de decisiones basada en las evidencias clínicas, los costes de desarrollo y producción, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y tecnologías sanitarias que se pongan a disposición de la población”, finaliza la carta.